Extraido: Sin Embargo.mx
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, vive una presión inédita para que deje su cargo, de acuerdo con fuentes consultadas por SinEmbargo. Ya no es sólo una exigencia desde la sociedad civil, sino también desde su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y desde el Gobierno federal. Y las señales enviadas en los últimos días parecen así confirmarlo.
Duarte de Ochoa no fue recibido la semana pasada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El dato, que pudiera ser un simple tema de agenda, se hizo público. Para algunos observadores ésta es la última señal que el Gobierno federal envía a Duarte. Pero no es la única.
“Hay muchas señales. Por ejemplo –explicó una fuente a SinEmbargo–, el hecho de que la Policía Federal [su Comisionado, Enrique Francisco Galindo Ceballos] y una Subsecretaría de Gobernación [el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián] hayan dicho que el caso Tierra Blanca no se resuelve con las declaraciones de los policías detenidos, tiene un significado. Los policías dijeron que los jóvenes fueron entregados a criminales, quienes los mataron y los incineraron. El Gobierno federal dice que esas declaraciones no resuelven el caso. Eso significa que se le perdió la confianza al gobierno local, y no hay contactos de calidad, de primeros niveles. El Gobierno federal sospecha que, en su urgencia por resolver alguna de las crisis abiertas, hayan torturado a esos policías para que se declararan culpables”.
Cinco jóvenes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, hace 51 días. Esto abrió la última gran crisis a la administración estatal.
Javier Duarte de Ochoa, de 42 años, no puede renunciar a su cargo; si decide irse, por “invitación” o por decisión propia, es necesario que solicite licencia porque ocupa un puesto de elección popular. Los partidos opositores Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron ayer formalmente a la Cámara de Diputados un “juicio político”, figura contemplada en las leyes mexicanas pero con poca efectividad, en los hechos, porque se ha utilizado pocas veces. El Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos indica que “es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Pero se requiere una votación mayoritaria en un órgano colegiado donde el PRI es mayoría.
Organizaciones civiles y miembros de la sociedad civil, activistas, académicos, periodistas, estudiantes y partidos de oposición han exigido que deje el puesto, desde hace al menos dos años. Pero la demanda se ha acentuado en las últimas semanas, con marchas y manifestaciones. Hay reclamos en el plano civil y en el político por la violencia en el estado, la participación de policías en la desaparición de hombres y mujeres, los asesinatos y secuestros de periodistas, el aumento de la deuda pública y un desorden en las finanzas reflejado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El Gobierno de Veracruz tiene, ciertamente, un tiempo reglamentado para responder y solventar, es decir, explicar ante la ASF dónde están 14 mil 47 millones de pesos que se contabilizan como daño patrimonial.
Desde que Duarte de Ochoa llegó al poder, el 1 de diciembre de 2010, la ASF calcula daño patrimonial por 35 mil 421 millones de pesos en las finanzas estatales. La deuda pública ha crecido y se debe no sólo a proveedores, sino también a la Universidad Veracruzana, que reclama la entrega de al menos dos mil millones de pesos retenidos.
