Monterrey, NL.- Este miércoles la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, aprobó en Sesión Ordinaria revocar el acuerdo de reserva que la Agencia Estatal del Transporte había impuesto al expediente de la Contraloría Estatal donde se detectaron anomalías en concesiones de taxi que derivaron en su terminación.
Así lo aprobó por unanimidad el Pleno de la Ctainl durante la décimo séptima Sesión Ordinaria, luego de leer el comisionado presidente, Sergio Mares Morán, la resolución donde se determinaba que al no actualizarse las causales de reserva establecidas en las fracciones III, V, VI y VIII, del artículo 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y al no estar debidamente fundado y motivado, se proponía revocar el acuerdo de reserva emitido por la AET.
Una de las razones por las que la Ctainl aprobó unánimemente que se revocará el acuerdo de reserva en mención, es que no se encontraba debidamente fundado y motivado, así como tampoco se cumplió con aplicar la prueba de daño correspondiente, la cual se encuentra establecida en los artículos 129 y 139, de la Ley de Transparencia en el Estado.
“Es decir, no justificó que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”, expresó Mares Morán durante la sesión.
Asimismo señaló Sergio Mares que la Agencia Estatal del Transporte, no argumentó debidamente cómo se obstruirían las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o como se afectaría la recaudación de contribuciones; máxime, que no se estableció qué verificaciones, inspecciones o auditorias en cumplimiento de las leyes se están obstruyendo, puesto que los expedientes reservados, ya tiene un acuerdo de terminación.
Durante la Sesión Ordinaria estuvo presente la diputada local, Gloria Treviño Salazar, quien el pasado 28 de marzo presentó una denuncia ante la Ctainl por la improcedencia de este acuerdo de reserva que impedía obtener información de 916 expedientes administrativos de concesiones de taxi que fueron canceladas o bloqueadas, y que derivó en la revocación que se aprobó este miércoles.
Señaló Mares Morán que a partir de esta aprobación del Pleno para revocar el acuerdo de reserva de la AET, se va a notificar a esta dependencia estatal, más tardar para este lunes, para que ya los taxistas que se han visto afectados con la cancelación de sus concesiones, puedan en su caso, iniciar el procedimiento ante la instancia correspondiente, para recuperar su concesión.
“Ellos iniciarán lo que a su derecho corresponda, si ellos consideran que la terminación de sus concesiones es ilegal, pues ellos lo tendrán que combatir ante las autoridades correspondientes, pero hoy por hoy, la Comisión de Transparencia lo que hace es confirmar que es un órgano autónomo y que está velando por el derecho constitucional de acceso a la información pública y sobre todo en beneficio de los ciudadanos”, enfatizó.
Por su parte, la diputada Gloria Treviño agradeció la labor de la Comisión de Transparencia en esta denuncia que interpuso y que así como en la anterior denuncia por el caso del “Cobijagate” donde se revocó el acuerdo de reserva, ahora una vez más la Ctainl, también decidió a favor del derecho de todo ciudadano a tener acceso a la información pública.
“Quiero dar el agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Transparencia, al presidente, a los comisionados, porque sabemos que actuaron apegados a derecho y como siempre están pendientes de lo que estamos demandando los ciudadanos de Nuevo León, muchas gracias”, mencionó.
Finalmente durante la Sesión de este miércoles se aprobó sancionar al tesorero municipal de Zuazua, Manuel Rodríguez Uresti, por conducta omisiva y no dar respuesta a un particular dentro de los plazos señalados en la Ley de Transparencia y no atender a un requerimiento de la Ctainl, con multas de 11 mil 323.50 pesos y 60 mil 392.00 pesos, en total 71 mil 715.50 pesos.
Asimismo se sancionó a Alfonso Verde Cuenca, ya que en su entonces carácter de presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, y al ser quien tenía la obligación de dar respuesta a la solicitud de información de un particular, acerca del Plan de trabajo y actividades realizadas por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León así como las Comisiones de trabajo de este mismo Consejo no lo hizo, imponiéndole una multa de 7 mil 360.50 pesos; y a Arturo Alberto Fernández Martínez, actual presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, por no haber rendido su contestación al procedimiento de inconformidad interpuesto ante la Ctainl, multa que asciende a 16 mil 872.24 pesos.
