DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
¿Quién cumple y quién no?
Hace algunos días, congruente con la incertidumbre que reina en materia económica, el Gobernador convocó al poder legislativo y al judicial, así como a todos los alcaldes a la firma de un Acuerdo de Austeridad.
Responsable y oportuna, la acción. Así la he calificado en diversos espacios.
El problema es saber si el compromiso es real y no solo formal. El gobernador exhortó a quienes participaron en el Acuerdo, a aclarar a cuánto ascendería el ahorro y, a dónde sería destinado tal recurso; pero, aunque hay algunos actores que han sido coherentes, la mayoría no.
Porque aunque seguimos expectantes de la aprobación de la Ley General de Archivos en el Congreso de la Unión (última ley pendiente para conformar el Sistema Nacional de Transparencia) y por tanto, localmente también la legislación en la materia es insuficiente, lo cierto es que en estricto sentido: debe regir el principio de Máxima Publicidad en Transparencia.
Explico: la fracción I del artículo 6 de nuestra constitución, es clara al establecer que inclusive en los municipios, debe prevalecer, repito, el principio de Máxima Publicidad, que consiste como su nombre lo sugiere, en maximizar la accesibilidad de los ciudadanos a la información pública –porque es nuestra-.
De igual forma, nuestra máxima Ley, dispone en el propio artículo 6, dentro de su fracción V, que debe publicarse en los medios electrónicos disponibles la información –completa- y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos; lo que implica que la Transparencia no se agota con tener una Unidad o un Instituto.
Y es que, el Instituto o Unidad de Transparencia de que se trate, sirve para dar más detalles a un gobernado que a través de esa vía requiera información sobre cierto ejercicio en particular, pero, el hecho de que éstos órganos estén funcionando, no limita a las autoridades a que, a la par, tengan medios electrónicos disponibles para, como lo mandata la ley, publicar la información completa, sobre todos y cada uno de los actos jurídicos que emanen de la inversión pública y el gasto social.
Los ciudadanos debemos exigir que las autoridades que formaron parte del Acuerdo de Austeridad transformen la voluntad de su firma en acciones reales y concretas (cuánto ahorro exactamente; en qué rubros va el recorte; a dónde será destinado el mismo, y sobre todo: a través de qué mecanismos o personas morales –según sea el caso- aterrizarán los recursos) respetándose por fin el principio de Máxima Publicidad al que la Constitución las constriñe para el ejercicio del gasto, y con ello, la sociedad pueda evaluar quién cumplió y quién no.
La Austeridad y la Transparencia no son caprichos de minorías, son viejas deudas que tienen nuestros gobiernos con la sociedad.
