DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
Poder Legislativo Vs. Poder Judicial
Hace siete semanas, en el contexto de las marchas ciudadanas en torno al tema de los matrimonios igualitarios, que provocó la iniciativa legislativa de Peña en reconocerlos constitucionalmente, escribí, en texto que titulé: “Sí, a la adopción por homosexuales”, que la Corte había hecho un pronunciamiento muy relevante en torno a las adopciones por homosexuales: permitiéndolas, sin importar la orientación sexual de los adoptantes, señalando que son constitucionales.
Y sostuve, al finalizar mi opinión, que era buena noticia para Peña, pues si la Corte había dicho: Sí, a la adopción por homosexuales, implícitamente aceptaba los matrimonios igualitarios que proponía la iniciativa que Peña envió al Congreso (pues el tema de la adopción resulta el doble de controvertido); vaya, era una instrucción no escrita de la Corte al Congreso: ya dije que es discriminatorio no autorizar el tema de adopciones por homosexuales, por ende, con mayor razón lo es el obstaculizar los matrimonios igualitarios.
No obstante ello, hace unos días la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de iniciativa de Peña que establecía reconocer el derecho al matrimonio igualitario en la Constitución, tal rechazo fue motivado por diversas razones que esgrimieron las Comisiones de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales de la Cámara, algunas con lógica jurídica, y algunas no.
Pero más allá de la lógica jurídica o razonabilidad que pudieren tener los argumentos de quienes votaron por su rechazo, aquí el punto es: La postura que adopta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a cualquier tema jurídico, es la última palabra.
Soy más claro, estimado lector: en determinado tema controvertido –que pase por el ámbito legal de derechos u obligaciones- para los mexicanos, sin importar que líderes de opinión estén divididos, partidos políticos traigan una bandera cada uno, y parte de la población se incline por el blanco y la otra por el negro; es, el más Alto Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, la que al final se pronunciará sobre el tema de acuerdo a los derechos humanos protegidos por la Constitución, y será dicho pronunciamiento, el que prevalecerá, por encima de cualquier postura opuesta.
Entonces: ¿Por qué el Poder Legislativo se empeña en ponerle piedras a un derecho que, ya fue legítimamente obtenido a través de una postura del Poder Judicial? Porque si un homosexual quiere casarse o quiere adoptar, la autoridad administrativa en su momento le dirá: NO, porque no hay fundamento legal (no hay disposición expresa: no está legislado), pero basta con que el afectado promueva un amparo contra esa negativa, con base en el pronunciamiento de la Corte, para que se revierta la negativa y, al final, podrá casarse o adoptar, según sea el caso.
Y es que no es solo en el tema de los matrimonios igualitarios, donde el Congreso obstaculiza derechos ya debatidos y adquiridos legítimamente por un sector social derivados de pronunciamientos de la Corte; se da seguido, caray.
¿Tienen los Diputados la facultad constitucional para hacerlo? Sí, claro que la tienen, porque se trata precisamente de legislación; pero si previo a legislarse se debatió en la Suprema Corte y ya adquirió el tema firmeza legal: ¿Qué necesidad hay de entretener más el proceso de ley en torno a tal o cual figura jurídica? ¿Qué necesidad tiene un ciudadano que tiene el derecho a determinada cosa, de tener que promover amparo ante la negativa de una autoridad, siendo que lo que pide, aun sin estar apoyado en Ley, es absolutamente legal?
Urge incorporar a la agenda nacional cómo implementar una eficaz coordinación entre los Poderes Legislativo y Judicial, pues, resulta ocioso, que, repito, derechos ya adquiridos, no estén rápidamente al alcance del ciudadano que pretende ejercerlos.
