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Pide Andrea García a FEPADE vigilar entrega de apoyos en el Estado de México

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  • Exhortan a sancionar a quien resulte responsable por aquellas acciones efectuadas por el Gobierno federal, para beneficiar la imagen del candidato a gobernador del PRI

Las senadoras panistas Andrea García García y Laura Angélica Rojas Hernández solicitaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) evaluar y vigilar que la entrega de apoyos y beneficios otorgados a la población del Estado de México, se lleve a cabo conforme a los lineamientos y reglas de operación correspondientes.

Mediante un punto de acuerdo, exhortaron también a sancionar a quien resulte responsable por aquellas acciones efectuadas por el Gobierno federal, para beneficiar la imagen del candidato a gobernador del PRI por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Asimismo, solicitaron al Gobierno del Estado de México a implementar una campaña de información que especifique que los programas sociales federales otorgados durante el periodo de elecciones, no pertenecen a ningún partido político y que no son un logro del gobierno en turno, sino un derecho que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades sociales y que se hacen de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante seguir de cerca todo apoyo por parte del Ejecutivo federal en fecha cercana a las elecciones, con el fin de vigilar que no se haga uso incorrecto del mismo, es decir, que sea utilizado como medio para conseguir simpatizantes y posibles votos a favor del PRI, indicaron las legisladoras.

“Existe un reclamo generalizado por parte de los partidos de oposición en contra del actual Gobierno del Estado de México, debido al uso de los programas sociales, pues se argumenta que estos se utilizan con la finalidad de posicionar al candidato de su mismo partido en las elecciones del próximo 4 de junio. Aunado a ello, sorprende la visita de tantos integrantes del Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, en un periodo tan corto de tiempo”, señalaron.

También, agregaron, el Congreso local aprobó que durante el periodo electoral 67 de los 90 programas sociales del Estado de México se mantengan vigentes, lo cual ocasionó la inconformidad de los diputados de los otros partidos.

“Estos datos hacen más grande la preocupación y generan la sospecha del uso de los recursos públicos con fines electorales, ya que suponen una búsqueda por la preferencia de los ciudadanos por el candidato que representa al partido en el gobierno”, aseveraron.

Advirtieron que de acuerdo con datos del informe anual de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 2016, el 42.4 por ciento de la población mexiquense es pobre y el 7.2 por ciento se encuentra en pobreza extrema, lo cual hace evidente una falla en la implementación de los programas sociales en el Estado de México y esa carencia no debe aprovecharse indebidamente, activando en tiempos de campaña los diversos programas sociales y confundiendo a la población. 

“La presencia de funcionarios federales y estatales en eventos masivos de entrega de apoyos sociales es evidente, ya que, de acuerdo con el propio Gobierno del Estado de México, del 24 de enero al 17 de marzo del presente año, se han repartido al menos 54 millones 657 mil pesos a 18 mil 469 beneficiados”, subrayaron.

En su exposición de motivos, las senadoras recordaron que la Fepade es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar los derechos relativos a la elección.

“Ante la posibilidad de que se presenten situaciones de este tipo, es la razón por la cual se solicita que se hagan las revisiones de los programas sociales y que estos se lleven a cabo atendiendo a los lineamientos y las reglas de operación conducentes”, insistieron.

Lo anterior, concluyeron, no se debe percibir como un intento de bloquear la implementación y desarrollo de programas sociales, los cuales tienen el objetivo de beneficiar y promover el sano y digno desarrollo de la vida de las personas, ya que la intención principal no es el perjuicio de la sociedad, sino proteger sus derechos electorales y la competencia equitativa en las elecciones.