?DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
No somos tercos
En el sector empresarial demandamos un sistema nacional anticorrupción completo; sí: completo.
Así, completo, expresamente lo exigía la gran manta que llevó el presidente nacional de COPARMEX hace algunas semanas a la histórica protesta del empresariado contra la corrupción, al pie del ángel de la independencia.
Y es que, decimos completo, porque no concebimos un sistema de tal relevancia como lo es el anticorrupción, incompleto; en el que en estricto sentido, no se refleja la verdadera intención ciudadana: que se transparente a quienes ejercen los recursos públicos, publicando sus tres declaraciones, patrimonial (cuáles son sus bienes), fiscal (cuánto paga de impuestos –si es que paga-) y de conflictos de interés (quiénes son o han sido sus prestamistas, socios, familiares y amigos).
Le explico: Dicen con gran desfachatez líderes legislativos del PRI y del PVEM –y algunos otros que desde diversos partidos se oponen también a la máxima publicidad en la exposición frente a la ciudadanía de los 3 formatos-, que el sistema nacional anticorrupción consta de siete leyes secundarias, y que inexactamente el debate se centró nada más en los artículos 29 y 32 de la ley 3 de 3; lo cual consideran es ocioso y hasta nos hacen pasar por tercos.
No señores, no somos tercos: 3 de 3 es el núcleo del sistema nacional anticorrupción, y de esa ley, el artículo 29 es la esencia, su corazón. No somos tercos, repito, la gravedad del tema lo amerita: es más que razonable nuestra legítima insistencia.
Tan no somos tercos, que el 32, el absurdo texto que formaba el artículo 32, en donde se obligaba a empresas que tuvieran relación de proveeduría de productos o servicios con gobierno, a los trabajadores de éstas y hasta a becarios de CONACYT, a realizar sus 3 declaraciones, va a quedar sin efecto después de las observaciones que le hiciera Peña Nieto, esto derivado precisamente de nuestra “terquedad”.
Ahora, el problema real es el artículo 29, a ese no le ha hecho observación alguna el Presidente y no lo veo haciéndola. De verdad no es posible aplaudir un sistema nacional anticorrupción así, incompleto.
Yo le aseguro que la mayoría de la gente que firmó para que la iniciativa ciudadana 3 de 3 cumpliera con el mínimo de firmas que exige la constitución, y así pudiera ser discutida en el Congreso, signó creyendo que con su firma se materializaría la obligatoriedad plena de la declaración pública de los funcionarios en relación a su patrimonio, conflictos de interés y pago de impuestos. La gente no sabe el contenido de los otros 93 artículos, hombre; menos de sus artículos transitorios, 3 de 3 es para la gran mayoría lo que el nombre coloquial de la ley sugiere: 3 formatos, relativos a 3 declaraciones, que los funcionarios tienen que rendir públicamente, sin excepciones, para transparentarse ante sus representados. Pero no, no se logró; irónicamente podemos decir: no tenemos ley 3 de 3 aunque se haya aprobado la ley general de responsabilidades administrativas.
En esas condiciones, con doctorado en cinismo todavía hay quienes, no obstante que modificaron la redacción original que los ciudadanos dimos al artículo 29, que establecía la máxima publicidad de los formatos de las tres declaraciones, sin excepciones con conceptos vagos como “vida privada”, que hoy por hoy permite que los funcionarios colgados de ello continúen sin transparentarse; burlándose de la sociedad, se vanaglorian esbozando con orgullo que “ya quedó” la ley 3 de 3.
No es cierto: no quedó, estimado lector.
