Monterrey, Nuevo León. – El caso de la empresa Telerma contratada por la Secretaría de Administración, Radio y Televisión de Nuevo León y Agua y Drenaje de Monterrey, prende las alarmas sobre los procesos de alta de proveedores del Gobierno estatal, al evidenciar escasos controles para evitar o prevenir que se firmen contratos con empresas fantasmas o factureras.
Las leyes y reglamentos existen, y son claros. Tenemos funcionarios responsables de supervisar los procesos de alta de proveedores, y revisar la seriedad, experiencia, veracidad de información y cumplimientos fiscales y legales de posibles proveedores. Por lo mismo, desde Consejo Cívico nos preocupan las evidentes fallas en la vigilancia y control, que permitieron que una empresa como Telerma pueda acceder a ser proveedora de gobierno, y todavía más grave aún, le sean asignados por adjudicación directa contratos por alrededor de 10 millones de pesos con el aval del Comité de Adquisiciones del Gobierno del estado.
Nos preocupa también que el Gobierno del Estado pretenda echar la culpa a la empresa Telerma de estar en el padrón de proveedores y haber presentado una propuesta de trabajo a varias dependencias para campañas de comunicación y publicidad, sin reconocer sus propias fallas y responsabilidad en este asunto.
No basta con rescindir contratos. Hacemos un llamado al Gobierno estatal a aclarar de qué manera pudo esta empresa ser dada de alta en el padrón de proveedores, y recibir por adjudicación directa contratos, cuando no tenía ni la experiencia, ni antecedentes fehacientes de resultados en otros ámbitos. ¿Quiénes dentro de la administración estatal, por acción o por omisión, permitieron que se diera esta situación? ¿Qué harán la Contraloría y la Secretaría de Administración al respecto?
Exigimos que se inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios que resulten responsables, así como contra la empresa Telerma SA de CV. Exigimos a la Fiscalía Anticorrupción que investigue si los pagos realizados efectivamente se tradujeron en entrega de productos y servicios tal como lo especifican los contratos, además de determinar si las supuestas dueñas actuaron como prestanombres y de quiénes.
Estas situaciones sólo se pueden explicar de dos maneras: por negligencia, o por corrupción. A un mes de cumplir su primer año, este Gobierno estatal tiene la obligación de demostrar en acciones contundentes su compromiso contra las prácticas corruptas de antes, y en la construcción de una administración pública ética.
