Monterrey, Nuevo León. A casi seis meses del inicio de la pandemia del Covid-19, se ha hecho costumbre para las administraciones públicas de Nuevo León el uso de las adjudicaciones directas sin mayores justificaciones, situación que debe llevar a las Contralorías Municipales y la Contraloría del Estado a poner lupa al gasto público.
En un tercer análisis desde Consejo Cívico, a través de un ejercicio ciudadano se revisaron los portales municipales, la sección de Transparencia ante la contingencia de la página de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI), y el Informe Financiero Covid-19 del gobierno, con los datos publicados al 10 de agosto.
El reporte refleja que Juárez con 225%; San Pedro con 141%; y Guadalupe con 95%; son los municipios que más incrementaron el gasto público en la compra de insumos y equipamiento desde mayo hasta principios de agosto para atender los efectos de la pandemia. Mientras que Monterrey sigue siendo el que mayor gasto ha registrado con $313 millones de pesos, en el mismo periodo.
Un hallazgo que sobresale en el análisis es que el municipio de San Pedro, ha pagado un total de $1,757,300 de pesos por 5 mil despensas, es decir, las adquirió a un costo unitario de $351.46 pesos, que si se comparan los costos de los mismos artículos de venta en supermercados, San Pedro hubiera invertido $89 pesos menos por despensa y asegurado un ahorro de $445,000 pesos.
Los municipios que destacan por implementar mejores prácticas en la publicación de su información son: Apodaca, Escobedo y Santa Catarina.
Desde Consejo Cívico consideramos que la pandemia no es una excusa válida para que las autoridades normalicen prácticas que deberían ser la excepción, como las adjudicaciones directas. Exhortamos a los presidentes municipales y al Gobernador a planear y anticipar los gastos para buscar las mejores condiciones de precio ante un contexto de austeridad y recortes de ingresos. Y exhortamos a las Contralorías municipales y estatal a establecer mayores controles en las compras públicas.
En la antesala del año electoral, la ciudadanía espera que la Auditoría del Estado, realice revisiones especiales del gasto relacionado al Covid-19 desde este 2020 para identificar y sancionar posibles actos de corrupción.
