por Carmen Munguia
En medio de una jornada electoral que se ha denominado “histórica”, los graves problemas del país no han dado tregua. Seguimos viendo desapariciones, asesinatos, feminicidios, etcétera. Especialmente, en estos últimos días, se puso sobre la mesa lo que a todas luces parece ser una red de explotación sexual infantil que opera en preescolares públicos y privados de México, en donde se ha agredido sexualmente de forma brutal a niñas y niños de entre dos y siete años de edad. La Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI), ha llevado la defensa de muchas de las víctimas, pero además, investigado y denunciado públicamente que los patrones de estas gravísimas violaciones a los derechos de nuestra niñez, se han repetido en preescolares de otros estados como Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y Baja California. En su informe, la ODI revela cómo el personal directivo, administrativo, docente y hasta el de intendencia, actuaba en complicidad, y cómo nadie fue capaz de ayudar a las niñas y niños, pues todos actuaban coordinadamente para violentarlos sexualmente. La violencia sexual ejercida en contra de estos niños y niñas de apenas dos, tres años… no más de siete, se ha calificado en el informe de la ODI como “severa e inusual” debido a que se registraron patrones como rituales, escenificaciones; se sedaba a las niñas y niños y se utilizaban cámaras de video. Es por ello que Margarita Griesbach, Directora General de la ODI, refirió que parece tratarse de producción de material de explotación sexual. Es importante tener claro que estos casos atentan absolutamente contra los derechos humanos de las víctimas, de su integridad, su salud, su desarrollo, su derecho a ser protegidos, a la no violencia, a la educación, al sano esparcimiento, etcétera. Un solo caso de este tipo, el primero en 2008, cuando niñas y niños de apenas dos y tres años narraron los abusos a los que fueron sometidos, debió haber provocado la movilización inmediata del Estado mexicano, atendiendo al principio y derecho a la prioridad que tiene la infancia. Ahora las víctimas ya suman más de cien niños y niñas; ahora, ya hablamos de que estos delitos se están registrando en más estados de la República Mexicana. Es evidente que las violaciones a los derechos humanos son cada vez más complejas por la diversidad de actores involucrados y por quiénes son los perpetradores y cómplices. Es urgente que el Estado mexicano realice las investigaciones necesarias y llegue al fondo, al origen, que desmantele estas redes nacionales o internacionales; que ofrezca a las víctimas la reparación integral, que garantice que las escuelas en todos sus niveles sean verdaderamente espacios seguros para la niñez, que la infraestructura sea segura, pero también, que el personal cumpla con el perfil necesario, que se le supervise rigurosamente, que se tomen medidas urgentes en todo el sector educativo, que se involucre a las madres y padres de familia, que se les crea a las niñas y niños, y sobre todo que ellos y ellas sepan que siempre se les creerá y protegerá. No olvidemos que las víctimas eran amenazadas, que se les silenciaba, que se les decía que se lastimaría a sus propias madres y padres. A nuestra niñez se le debe de proteger a cómo de lugar y por encima de cualquier cosa. La justicia debe ser impostergable e implacable contra quienes se atreven a hacer daño despiadadamente a niñas y niños a quienes se les dejó en una situación de absoluta indefensión. Y es que, si bien la ODI ha realizado un trabajo extraordinario en litigio y documentación, como lo dice su Directora, Margarita Griesbach, la ciudadanía no puede reemplazar al Estado. Le corresponde al Estado mexicano actuar de inmediato, garantizar los derechos de la infancia en el país, proteger a las niñas y niños en las escuelas, blindarlas de redes de explotación sexual. El informe presentado por la ODI, que da cuenta de esta terrible práctica en la que espacios educativos y recreativos han sido capturados y utilizados como espacios para comisión de delitos de explotación sexual, es respaldado por distintas personalidades del activismo a favor de los derechos humanos y de la academia, como: Lydia Cacho, Denise Dresser, Karina Ansolabehere, Maite Anzuela, Luis Daniel Vázquez, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Manuel Gil Antón.
