Monterrey, NL.- El Grupo Legislativo de Acción Nacional exigió de manera urgente protección para la periodista Jadith Valdez Contreras quien recibió mensajes intimidatorios por el ejercicio de su función informativa.
La Diputada Claudia Caballero Chávez hizo la solicitud a través de dos oficios dirigidos en primera instancia, a Olga Susana Méndez Arellano, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y a Javier Enrique Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia y a Cinthia Lucía Marín Montoya, titular del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres.
“Es de carácter urgente que el Gobierno Estatal y Federal implementen medidas de protección, investigación, prevención y todas aquellas acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de Yadith Ivannia Valdez Contreras para que pueda ejercer de manera libre su labor periodística sin miedo a represalias; Nuevo León debe convertirse en un estado seguro para ejercer la libertad de expresión”, señala el escrito.
“Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita que, en ejercicio de su función de coordinación y coadyuvancia, gestione y promueva la vinculación inmediata de la periodista con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mecanismo federal adscrito a la Secretaría de Gobernación, brindando el acompañamiento necesario durante el proceso de evaluación de riesgo, incorporación y seguimiento, a fin de garantizar una protección integral, efectiva y oportuna”, añade.
En el documento se pide emitir y mantener vigentes de manera inmediata medidas cautelares de carácter preventivo a favor de la periodista, “derivado del riesgo que enfrenta en el ejercicio de su labor periodística, orientadas a la protección de sus derechos humanos, en particular el derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión y seguridad, consistentes en acciones de prevención, observación, seguimiento y requerimientos a autoridades estatales y municipales para que se abstengan de realizar actos u omisiones que puedan ponerla en mayor situación de riesgo”.
También se solicita brindarle acompañamiento institucional, jurídico y permanente, incluyendo la documentación y seguimiento de posibles violaciones a derechos humanos relacionados con amenazas, intimidaciones o agresiones derivadas de su labor informativa; la emisión de recomendaciones preventivas a fin de evitar actos u omisiones que puedan agravar el riesgo en su contra y el monitoreo continuo de su situación de riesgo, informando oportunamente sobre cualquier agravamiento que amerite medidas adicionales.
En tanto, en el oficio dirigido a la Fiscalía General se pide que, en tanto se tramiten y resuelvan las medidas de protección formales ante el órgano jurisdiccional, se valoren e implementen acciones de protección preventiva inmediatas, dentro del ámbito de sus atribuciones, que se estimen pertinentes conforme al nivel de riesgo existente.
