Monterrey, NL.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, dio a conocer el Diagnóstico sobre el Acceso de las Mujeres y las Niñas a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Nuevo León, que contiene cifras del propio organismo, un análisis legislativo y de políticas públicas en la materia, así como propuestas generadas desde la sociedad civil.
Uno de los apartados de este diagnóstico consiste en un informe de la CEDHNL sobre las Recomendaciones relacionadas con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el periodo de 2012 a 2016, durante el cual se emitieron 58 resoluciones en las que se acreditan 43 casos de detenciones arbitrarias, 49 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 14 de tortura.
La CEDHNL informa que en al menos 25 de las 58 recomendaciones la violencia ejercida contra las mujeres estuvo acompañada de lenguaje intimidante y ofensivo, también detalló que dos de estas denuncias fueron presentadas por personas de la diversidad sexual.
Otro de los apartados del documento presentado por Velasco Becerra, corresponde a un análisis legislativo y de políticas públicas implementadas en el Gobierno estatal y administraciones municipales, realizado desde el Instituto de Derechos Humanos del organismo.
Se revisó la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil, el Código Penal para el Estado de Nuevo León, y la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar, en las cuales fueron encontrados diversos puntos pendientes de armonizar con base en los estándares de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Algunos de estos aspectos son la necesidad de realizar estudios de medición sobre el trabajo del hogar no remunerado de las mujeres; incorporar la violencia obstétrica y la violación a los derechos sexuales y reproductivos; y precisar los alcances y los actores encargados de la observancia de la política estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres.
El diagnóstico señala también la urgencia de la autonomía del feminicidio, la sustitución del término “atentado al pudor” por abuso sexual, y el reglamento del Observatorio Estatal de Violencia.
En cuanto a la evaluación de políticas públicas dirigidas a garantizar una vida libre de violencia, la CEDHNL solicitó información a dependencias estatales y administraciones municipales, obteniendo respuesta de 21 autoridades.
De las respuestas oficiales este organismo destacó que no se cuenta con un banco estadístico estatal que permita conocer las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, y tampoco pudo corroborar la existencia de protocolos para investigar la violencia feminicida y la violencia sexual.
Respecto a las administraciones municipales solamente una cuenta con un grupo de reacción inmediata para casos de violencia y cinco más tienen refugios temporales; en general las autoridades desconocen las dimensiones de sus obligaciones para la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres.
Este diagnóstico compila en otro de sus apartados las propuestas derivadas de la audiencia pública celebrada el pasado 16 de febrero con organizaciones de la sociedad civil, la academia y las promotoras de derechos humanos en el estado, en la que se analizó la situación de las mujeres desde seis ejes temáticos.
Entre las propuestas destacan la urgencia de expedir el Reglamento de la Ley para la Igualdad; crear lineamientos para los medios de comunicación y protocolos de investigación con perspectiva de género; garantizar el acceso de las mujeres trans a servicios sociales y generar e impulsar el capital humano especializado en género en la entidad.
