Del Abogado Amigo
Luis Torre Aliyán
Bien, Cienfuegos
A diez años de que el ejército salió a las calles a coadyuvar en las tareas de seguridad pública, su marco de acción sigue sin regulación.
Porque sostenidos solo en la fracción VI del artículo 89 constitucional, y en una interpretación -jurisprudencia- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que sí era constitucional el auxilio de la fuerza militar a las autoridades civiles en las tareas de seguridad, es que han venido actuando; así, como se lee, colgados en “un hilo” jurídico, fundamentos que resultan insuficientes, y los hace vulnerables.
Y es que, el artículo constitucional citado los habilita para la seguridad interior, pero no dispone los cómos, ni las formas, es decir, no reglamenta específicamente sus áreas de oportunidad legal para trabajar, ni sus límites; y en la jurisprudencia señalada, la Corte solo se pronunció en el sentido de que el ejército podría coadyuvar en las labores de seguridad interna (y esto se adecuó, atendiendo a las circunstancias, para que fuera provisional, en lo que las policías estaban listas), pero tal pronunciamiento tampoco reguló las facultades y parámetros de responsabilidad de las fuerzas armadas cuando actúan en apoyo a los cuerpos de seguridad civiles.
Por ello, no deben extrañarnos las declaraciones que vertió el Secretario de la Defensa Nacional, cuando dice que sus elementos no se sienten cómodos, y cuando asevera que se está desnaturalizando al ejército, ya que, dice, ellos no estudiaron para perseguir delincuentes.
Sostengo que no debe de extrañarnos su postura, porque tiene razón: es increíble que diez años después de que los mexicanos nos recargamos en ellos solicitando auxilio, nuestra clase política haya sido incapaz de reglamentar las atribuciones, obligaciones, y vinculaciones que tendría, tiene, y tendrá el ejército en su labor coadyuvante.
Considero, que, está absolutamente justificada la reacción del General Cienfuegos ante la pasividad del Congreso de la Unión, para poner como prioridad el debate y eventual aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Porque es lógico que el ejército se sienta incómodo en las calles actuando sin un marco jurídico regulatorio, ya que a pesar de su loable tarea, sus acciones viven al borde de la ilegalidad y supuesta vulneración de derechos humanos a terceros, precisamente por la incertidumbre jurídica que les genera el gran vacío legal respecto de su radio de acción.
Y cierto también es, que se está desnaturalizando la esencia de las fuerzas armadas, ya que no solo es verdad que los soldados no estudiaron para perseguir delincuentes, sino que, repito: la nada jurídica en la que actúan maximiza tal desnaturalización, porque están sujetos a vaivenes políticos que determinan en cada región del país las directrices y estrategias de seguridad, pero sin lineamientos legales que rijan sus actos.
A estas alturas, estimado lector, ante la gravedad del problema, es por demás evidente que los actores políticos tienen un gran temor de “empoderar” al ejército, al reglamentar sus acciones fuera de los cuarteles, pues aunque no lo pongan a consideración de la opinión pública, deviene ya obvio que a ese factor atiende la acción de retardar sistemáticamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Empero, les digo: dicha ley contempla dentro de la regulación del actuar de las fuerzas armadas: sus límites, sus estrictos radios de acción y sus atribuciones precisas; dicho de otra manera: tal iniciativa de ley define los “hasta dónde”. Por eso, estimo, que no podemos hablar de que regular su actuar sea un “empoderamiento” político peligroso -como sugiere inequívocamente la apatía del Legislativo en relación al tema-, sino que, al contrario, hacerlo les otorgaría orden y su tan anhelada certidumbre jurídica.
Ellos nos dan tranquilidad, y aunque su coadyuvancia en la seguridad pública sea provisional, las circunstancias actuales nos llevan a concluir que ese lapso transitorio no está cerca de terminar. A los mexicanos nos conviene que estén cómodos, que se sientan incorporados al estado de derecho, para detener su desnaturalización.
Bien, Cienfuegos.
