DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
Y ahora, Murillo Karam
Nunca he sido ingenuo, pero le tengo que confesar, estimado lector: Jesús Murillo Karam se me hacía hasta la filtración periodística de antier, uno de los hombres rescatables de este sexenio, pues transmitía compromiso, una alta calidad profesional y seriedad.
Porque aunque se le criticó por el tratamiento político –no el técnico- en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando fue titular de la Procuraduría General de la República, su temple y la congruencia entre sus declaraciones y sus acciones reflejaban honestidad y patriotismo. Y no escapa de mi análisis que había estado en la función pública prácticamente toda su vida profesional, siendo inclusive gobernador de Hidalgo, pero, repito: parecía de lo más serio que tenía a su alrededor el Presidente.
Ahora, como ya es moda en el círculo cercano a los Pinos, sale a la luz un escándalo más de exagerado abuso de poder que involucra a Murillo directamente: contratos en obra pública por más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos, entre empresas donde son socios dos de sus hijos, un yerno y un sobrino.
Sí, léalo bien, casi cuatro mil quinientos millones de pesos en obra, lo cual, con precios de las obras inflados, obras entregadas con fallas y otra abandonada –según las investigaciones periodísticas de Animal Político y más tarde confirmadas por Carlos Puig y Aristegui-, tentativamente se podría hablar de cerca de mil millones de pesos de utilidad, concentrados todos en una familia.
Y para los insensibles al tema de los excesos, que quede más clara la magnitud: el presupuesto de egresos de Victoria, para el ejercicio fiscal de 2016, que fue aprobado en noviembre del año pasado por el Cabildo, es de 814 millones de pesos.
En fin, no es casualidad que dicha información se filtre justo cuando Peña Nieto se encontraba valorando si vetaba o no los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades (Ley 3 de 3); la bomba cumplió su primer objetivo: por lo pronto el Presidente ya vetó el dispositivo 32, que hacía obligatoria la responsabilidad de los empresarios y beneficiarios de programas de gobierno, de presentar sus 3 declaraciones públicas (patrimonial, de intereses y fiscal).
Pero falta lo más importante, caray; porque esa composición de la legislación (el hecho de que la iniciativa privada también declarara sus 3 de 3) no debió ni siquiera formar parte del texto de dicha ley secundaria del sistema nacional anticorrupción, pues ese no era el propósito de la iniciativa original, es decir, el veto presidencial sólo corrige el capricho de ciertos legisladores de endosar a la sociedad esa obligación, pero sigue sin vetarse y regresarse al Congreso lo básico: la esencia de la Ley 3 de 3, que se encuentra en el numeral 29.
Deben suprimirse las salvedades, excepciones y canales de escape que el texto del artículo 29 otorga a los funcionarios para entorpecer la máxima publicidad de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; pues éstas deben hacerse estrictamente bajo el esquema de formatos propuestos por la iniciativa ciudadana, la original; esquema bajo el cual –hay que decirlo- ya se ha sometido parte de la clase política en el portal electrónico de 3 de 3. El Presidente todavía está dentro del término legal para pronunciarse al respecto de acuerdo a su facultad constitucional de veto. Al tiempo.
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