Unifican Juicios Civiles y Familiares
Arnoldo Huerta Rincón
“Todo juicio se sustenta en nuestras pasiones” Salvador Elizondo
El 15 de septiembre de 2017, ya hace algunos ayeres, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas constitucionales por las que se estableció la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación en materia procesal civil y familiar y desde ese momento se señaló un plazo para que se expidiera la Ley Nacional respectiva de 180 días; incurriendo en omisión de realizarlo por parte del Poder Legislativo.
Dicha omisión fue materia de un juicio de amparo que presentó una Barra de abogados, resolviendo en definitiva la Primera Sala de la SCJN en el año 2021, concediendo el amparo para que se expidiera el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los siguientes dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso. Siendo que hasta el pasado 12 de abril, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y este lunes, la Cámara de Diputados hizo lo propio.
Sobre, la justificación de este Código, se tiene que la reforma del año 2017, se establecía la necesidad de que existiera una homologación en la materia, además, se señala, que conforme al “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022”, del INEGI, se hace referencia que de las sentencias emitidas en materia civil y familiar en 2021 en las entidades federativas, en sentencias de primera instancia, un 76.2% corresponde a esas materias, mientras que en segunda instancia representa un 71.1%, es decir, es amplio el porcentaje.
Dentro de los puntos esenciales que tendrá este Código se encuentra que en los procesos civiles y familiares, se resolverá en todo momento la resolución de la controversia por encima de formalismos procedimentales (artículo 17 constitucional), lo cual es un gran acierto para evitar paralizar los juicios, y que los juzgadores traten de resolver el fondo del asunto, aunado a que se contemplan recursos más agiles que reducen los plazos para recurrir y garantizan la continuidad de los procedimientos, al menos en el papel. Por su parte, se establece como principio y metodología en todos los procedimientos la oralidad, lo cual viene a complementar lo que se ha hecho en otras materias como la laboral y penal.
Otro aspecto relevante, es el uso de las tecnologías de la información, estableciéndose el expediente digital, audiencias virtuales y uso de la firma electrónica; siendo que alguna entidades federativas, ya se encuentran avanzadas o listas en este tema; como es el caso del Poder Judicial de Tamaulipas, institución que desde hace años, contempla entre sus servicios judiciales la mayoría de estas figuras, al ser pionero con la creación del Tribunal Electrónico y otros servicios digitales.
Por último, es importante resaltar que se estableció que el referido Código, entrará en vigor en la totalidad del país antes del 1º de abril de 2027. De lo anterior, se advierte que se otorga un tiempo prudente para que las Judicaturas Estatales y Federal implementen las acciones necesarias con relación a este cambio jurídico; pero no sólo lo éstas, sino también la obligación de las y los abogados, así como las instituciones educativas, para que se capaciten sobre este tema.
Es una reforma que tardó, aunque ya se veía venir y que a algunos Estados del país no sorprenderá, entidades como Nuevo León o Quintana Roo, ya contemplaban la oralidad como principio en sus procedimientos civiles y familiares; sin embargo, se vislumbra positiva dicha transformación, la duda que existe es, ¿habrá los recursos financieros suficientes para la implementación en todo el país? El tiempo nos dirá.
RECOMENDACIÓN SEMANAL: Ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y nominada como mejor película en los premios Óscar, Triangle of sadness del director sueco Ruben Östlund, es una película de primer nivel, con muy buenas actuaciones pero sobretodo un guión original.