Del Abogado Amigo
¿Será tan difícil?
Hace ya cinco años que cobró vigencia la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, en donde se incorporó a la dignidad humana como pilar de los demás derechos humanos de los mexicanos, pero, las autoridades están muy lejos de cumplir con tal premisa, que hoy solo abona al romanticismo jurídico.
El problema es cómo vincular la dignidad humana del ciudadano a una acción de gobierno: ¿será respetar dicho derecho, abrazar a una persona humilde en un evento? ¿realmente respetar la dignidad humana de los gobernados, es darle una palmada en la espalda y un beso en la frente a una persona con capacidades diferentes? ¿es poner por encima la dignidad humana de los ciudadanos autorizar la repartición de despensas en determinado sector?
Seamos francos: en México se hace de la simulación un arte. No generalizo, hay honrosas excepciones.
Considero que una acción de gobierno –entre muchas que podrían materializarse con voluntad- que respete per se a la dignidad humana de los demás, sería respetar el artículo 134 de nuestra carta magna, que es más que claridoso en su contenido. ¿Será tan difícil respetar el dinero de la gente, hacerlo rendir, no robarlo?
Le explico: dicho artículo eleva a rango constitucional los principios que rigen el gasto público: legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
La legalidad consiste en que el gasto público debe estar prescrito en el presupuesto de egresos, o en su defecto, en una ley expedida por el congreso, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. La honradez implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva ni para un destino diverso al programado. La eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. Eficacia, porque es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. Economía, porque el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores formas de contratación para el Estado y, Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto.
Así de sencillo se leen, estimado lector, pero qué difícil es conocer a alguien que encontrándose en una posición con facultades de disponer dinero público, por convicción los aplique; de verdad: ¿Será tan difícil respetar esos seis principios constitucionales? Le aseguro que la mayoría ni los conoce.
Me queda claro que el que siempre se respeta es el de la legalidad, porque para poder disponer del recurso público, naturalmente responde a que ya se autorizó en el poder legislativo el presupuesto; pero, los otros cinco principios son letra muerta para casi todos ellos.
En fin, la persona humilde que recibió el abrazo; la persona con capacidad diferente que recibió la palmada en la espalda y el beso en la frente; y los ciudadanos que recibieron la despensa; preferirían que la energía que hipócritamente se emplea en la simulación, se destinara en salvaguardar éticamente el dinero de todos, que eventualmente, les traerá un beneficio integral (individual y colectivo). Esa sí sería una acción real para respetar la dignidad humana de las personas; entre otras, claro.
