Una corte de los suburbios de Nueva Orleans discrimina a los hispanos al cobrarles por ineficientes intérpretes al inglés y obligándolos a asistir a costosas e inefectivas clases de ese idioma como requisito para recibir la libertad condicional, denunció el miércoles el Southern Poverty Law Center en una carta dirigida al Departamento de Justicia.
La denuncia de ese centro activista (SPLC por sus siglas en inglés) se centra en las prácticas de la primera corte municipal de Jefferson, que se encarga de los casos de delitos menores y tránsito en una parte de Louisiana que ha visto la llegada de un alto número de hispanoparlantes luego de que el huracán Katrina azotó la zona en 2005.
La denuncia cita la experiencia de cuatro personas con inglés limitado, que denuncian que sus intérpretes apresuraron los procedimientos y no pudieron explicar apropiadamente sus casos, incluidos los cargos que enfrentaban y, al menos en un caso, de qué se estaban declarando culpables.
En algunos casos no entendieron del todo los cargos en su contra, según la denuncia. Por ejemplo, Omar Román Velásquez dijo que sus intérpretes lo apresuraron en varios procedimientos ante la corte y terminó declarándose culpable a una ofensa -conducir con el permiso del auto vencido-, cargo que le hubiera gustado disputar.
Como requisito para su libertad condicional se le ordenó a él y a otros acusados que asistieran a clases de inglés.
Las clases a las que son enviadas las personas con inglés limitado “no enseñan un inglés útil”, de acuerdo a la querella.
Además, son costosas.
“Las clases de inglés de la corte cuestan aproximadamente 300 dólares por 10 semanas, mientras que las caridades católicas locales cobran aproximadamente 25 dólares el semestre por sus clases de inglés”, se resalta en la denuncia.
La administradora de la corte, Beatrice Parisi, declinó comentar y apuntó que aún no ha visto el documento. La mujer que se identificó como maestra en la mayoría de las clases, Indiana Watler, no devolvió una llamada telefónica de The Associated Press.
El cobro de tarifas por intérpretes y clases de inglés representa un castigo adicional por ofensas de tránsito que no reciben las personas que hablan inglés que son citadas por las mismas infracciones, se denuncia.
El SPLC quiere que el Departamento de Justicia investigue y tome medidas para garantizar que la corte municipal se apegue a las cortes federales al proveer de interpretación gratuita y ponga fin a la práctica de obligar a que se tomen clases de inglés como requerimiento para recibir libertad condicional.
El municipio de Jefferson y otras áreas dentro y alrededor de Nueva Orleans han registrado un crecimiento en su población hispanoparlante tras la llegada de Katrina. Muchos latinos arribaron a la zona en busca de trabajo en el sector de la construcción luego de la devastación e inundaciones, con el fin de ayudar a los propietarios de viviendas y negocios a reconstruir el lugar.
En el municipio de Jefferson la población hispana se ha duplicado desde 2000, según cifras del The Data Center, un grupo de estudio con sede en Nueva Orleans. Los hispanos ahora conforman el 14 por ciento de la población de la región, unas 60 mil personas, de acuerdo a cifras publicadas en 2014.
La mayoría de la población latina en Jefferson es de origen hondureño, aproximadamente el 39 por ciento.
German Noe George, de 33 años, es otra de las cuatro personas mencionadas en la denuncia. Se declaró culpable a varias acusaciones de tránsito ante la corte y, como requisito para recibir su libertad condicional, se inscribió en una clase de inglés de Watler. George, según la denuncia, ha visto a la profesora en los juzgados. La querella también resalta que a ella se le identificó como una intérprete de español-inglés.
El SPLC dijo que eso podría representar un conflicto de intereses al trabajar como intérprete de los acusados que terminan asistiendo a sus clases.
