Cd. B. Juárez, N.L. – La mañana de hoy, el Juez de la causa dictó una sentencia condenatoria contra Kevin “N” y Stiven “N” por el delito de secuestro agravado, en un juicio oral penal que ha captado la atención de la comunidad local debido a la gravedad de los hechos y la implicación de un adolescente como víctima.
Durante la audiencia, se presentaron los posicionamientos de apertura por parte de la Fiscalía y la defensa. La Agencia del Ministerio Público Investigador (A.M.P.I.) adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación especializada en Homicidios y Lesiones Graves detalló los hechos que configuran el delito de secuestro agravado, en concordancia con el Código Penal vigente en Nuevo León.
De acuerdo con las pruebas y testimonios presentados, los acusados Kevin “N” y Stiven “N” fueron identificados como los responsables del secuestro de un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales J.E. El incidente ocurrió el 4 de agosto de 2022 en la colonia Bellavista, Cadereyta Jiménez, N.L. Los acusados sometieron a la víctima con violencia física y la amenazaron con un arma de fuego, antes de trasladarlo en una camioneta hacia un destino desconocido. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de J.E. fue encontrado en la vía pública del Fraccionamiento La Ciudadela Oriente, en Cd. B. Juárez, N.L.
El perito médico forense del SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, derivada de la violencia sufrida por la víctima.
En el juicio, la defensa intentó desvirtuar las evidencias presentadas, pero el debate resultó en una victoria para la Fiscalía. El A.M.P.I. logró demostrar de manera incontrovertible la responsabilidad de los acusados en los hechos, argumentando que sus actos estaban claramente dirigidos a causar daño y privar de la libertad al adolescente, con la intención de llevar a cabo una ejecución violenta.
Finalmente, el Juez consideró las pruebas y argumentos presentados, concluyendo que las alegaciones de la defensa eran infundadas. Dictó una sentencia condenatoria de 80 años de prisión para cada uno de los acusados, quienes deberán cumplir la pena en un Centro de Reinserción Social Estatal. Además, se ordenó el pago de una indemnización por concepto de reparación del daño, que incluye la compensación por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.
Esta sentencia subraya el compromiso del sistema judicial de Nuevo León en la lucha contra el crimen organizado y la violencia, asegurando que los responsables de actos atroces como el secuestro agravado enfrenten severas consecuencias por sus acciones.