DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
Sensibilidad impositiva
Intensa. Es la palabra que se me viene a la mente para describir lo que pasó mediáticamente en la semana, en torno al incremento del impuesto sobre nómina.
Y es que, estimado lector, como ya debe saber, en casi todos los Estados de la República, entre ellos, el nuestro, Tamaulipas, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año, fue el principal tema de respetuoso debate entre quienes representamos a la iniciativa privada, y quienes representan a la clase política.
Porque para captar los ingresos (locales) del Estado en 2017, el proyecto de Ley contempló aumentar, en perjuicio del sector empresarial, un 50% lo que se pagaba como impuesto sobre nómina; es decir, que los patrones, en vez de pagar un 2%, pagáramos un 3% en dicho impuesto estatal; lo cual, como en las demás entidades federativas en donde fue debatido, causó polémica y expresiones de rechazo por parte de los sectores productivos.
Finalmente, a pesar de opiniones adversas, se aprobó ya en el Congreso del Estado la Ley de Ingresos para el año entrante, quedando tal como dije en el párrafo anterior: incrementándose el impuesto local sobre nómina y, en general, no fue bien recibido por la iniciativa privada, ni en Sinaloa, ni en Baja California Sur, ni en Zacatecas, Estados donde, igual que en el nuestro, repito, se aprobó un aumento a dicho impuesto.
Abro con Usted también el debate, estimado lector, y le pregunto: ¿Qué impuesto es bien recibido? Ya sé lo que pensó. El problema no es que ninguno, eso es normal, su nombre técnico (impuesto) lo sugiere, se imponen por el Estado constitucionalmente y son necesarios. El problema es el momento: ¿Cómo es que, ante la crisis económica actual, algunos gobiernos estimaron que incrementar un impuesto –que le pega directamente a quienes fomentan la generación de empleos- era la vía correcta para estabilizar las finanzas públicas?
Los empresarios pensamos lo contrario: En la COPARMEX, consideramos que no deben impulsarse impuestos extraordinarios o incrementos injustificados, sino que, deben ajustarse, y hacer eficiente el ejercicio de su gasto corriente, para así, poder equilibrar poco a poco la situación financiera por la que atraviesan.
Seguro estoy de que el Gobernador es sensible a la carga adicional que nos impone y, que en consecuencia, se comprometerá a perfeccionar los indicadores de la transparencia presupuestaria, que impulsará planes de austeridad, y que será puntual en materia de rendición de cuentas, materia, por cierto, que por muchos y muchos años no ha existido en el Estado.
A menos de 90 días de que inició su gestión y, repito, consciente de que es sensible a lo recién aprobado, lo exhortamos a que, a la par de tal incremento, en 2017 se reduzca el gasto corriente, se eliminen programas que representan duplicidades o que no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados, y se cree un programa de reducción de deuda, con el fin de dar certeza sobre la difícil situación financiera que tenemos. Hay confianza.
