La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, solicitó al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, revisar y, en su caso, rescindir el contrato de suministro de energía que el municipio mantiene con la empresa Next Energy, al considerar que existen elementos que ameritan una evaluación puntual del acuerdo.
La petición se realizó luego de que trascendiera que Eugenio Maiz Domene, empresario y propietario de Next Energy, fue vinculado a un proceso judicial en Aguascalientes y se encuentra en prisión preventiva, tras señalamientos relacionados con el presunto incumplimiento de un contrato de suministro de energía en esa entidad.
Pámanes recordó que desde su bancada se habían expresado previamente inquietudes sobre este tipo de convenios y consideró que los recientes acontecimientos refuerzan la necesidad de tomar decisiones que protejan los intereses del municipio.
“En su momento advertimos sobre las características de este acuerdo. Hoy, a la luz de los hechos conocidos, consideramos necesario que se rescinda el contrato que aún permanece vigente en Monterrey con esta empresa”, expresó la legisladora.
La diputada señaló que las condiciones observadas en otros municipios son similares a las que, afirmó, se han presentado en Monterrey, donde no se ha concretado la construcción de la planta fotovoltaica ni la instalación de paneles solares en edificios públicos, como se establecía en el contrato original.
Subrayó que este tema tiene un impacto directo en las finanzas municipales, al tratarse de compromisos de largo plazo que requieren total claridad y resultados tangibles para la ciudadanía.
Asimismo, Pámanes hizo un llamado al alcalde para informar si ya se presentó alguna denuncia formal por el presunto incumplimiento del contrato, al considerar que dicha acción podría aportar elementos relevantes a las investigaciones que realizan las autoridades federales.
Finalmente, señaló la importancia de actuar con responsabilidad en la celebración de contratos que comprometen recursos públicos por varios años, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a la población y se salvaguarden las finanzas del municipio.