Saltillo, Coahuila.- Regidores del municipio de Múzquiz presentaron una denuncia ante el Congreso del Estado, acusando a la alcaldesa Tania Flores Guerra de incurrir en posibles delitos relacionados con la venta de bienes municipales. Entre los bienes cuestionados se encuentran camiones de basura, maquinaria de pavimentación, equipo médico y vehículos de utilería.
Los ediles acudieron a la sede del Poder Legislativo antes del mediodía, donde entregaron formalmente el documento en la oficialía de partes. La denuncia surge como respuesta a la decisión de la alcaldesa de vender estos bienes municipales, una medida que, según los regidores, contraviene las normativas y principios legales.
La síndica Karina Verónica González López, junto con las regidoras Perla Maldonado Velásquez, Alicia Martínez Castañeda y Leticia Laguna Alvarado, y los regidores Antonio Gutiérrez Willars y Antonio González Escamilla, fueron los encargados de presentar la denuncia. En el escrito, los ediles señalaron varias irregularidades en el proceso. Entre ellas, destacaron que la convocatoria para la sesión del Cabildo se realizó con menos de 24 horas de anticipación, y de manera informal a través de un mensaje de WhatsApp, lo cual, según la ley, debería haberse hecho por escrito y con el tiempo adecuado.
Además, los regidores indicaron que no se les proporcionó información sobre el avalúo de los bienes ni sobre el destino de los recursos que se obtendrían de la venta. También alertaron sobre un aumento injustificado en el rubro de servicios generales, relacionado con el arrendamiento de maquinaria, por un monto de 12.7 millones de pesos, lo que podría constituir una violación al Código Penal y al Código Financiero.
Otro de los puntos señalados en la denuncia es la presunta propiedad de la maquinaria de pavimentación, que, según los regidores, pertenecería al hermano de la alcaldesa, el diputado Antonio Flores Guerra.
En el documento entregado al Congreso, los regidores solicitaron que se dé parte a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue si estos hechos constituyen delitos y, en su caso, se tomen las acciones legales correspondientes.
