Monterrey, Nuevo León.- En atención a los cambios en la Constitución federal en materia de corrupción, suscribe Gobernador iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León.
Sanciones más graves para quienes cometan un acto de corrupción, contempla la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León que plantea la actual Administración.
El Gobernador interino Manuel González Flores, suscribió la iniciativa que hoy se envió al Congreso del Estado y la cual contempla también aumentar los términos de preinscripción para imponer sanciones, incrementándose a 3 años en las faltas no graves, y a 7 años en las faltas graves.
El cambio a la Constitución federal creó el Sistema Nacional Anticorrupción y busca prevenir, detectar y definir sanciones de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, la fiscalización y control de recursos públicos y establecer políticas públicas integrales en esta materia.
En cumplimiento a estas disposiciones constitucionales, el 16 de julio de 2017 se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción de Nuevo León que establece las bases de coordinación entre el Estado, la Federación y los gobiernos municipales para el funcionamiento del sistema a nivel estatal.
Nora Elia Cantú, Contralora del estado, dijo que es necesario garantizar el apego a la legalidad, imparcialidad y certeza de que los recursos públicos se utilicen con eficiencia, transparencia y honradez.
Detalló que la iniciativa crea un nuevo catálogo de infracciones que clasifica las conductas en graves y no graves.
“Con el fin de evitar la impunidad por el paso del tiempo se aumentan los términos de preinscripción para imponer sanciones, incrementándose a 3 años en las faltas no graves, y a 7 años en las faltas graves. Antes era 1 año y 3, respectivamente”, indicó la funcionaria estatal.
“Se establecen como sanciones aplicables a faltas no graves y graves en contra de servidores públicos: amonestación pública o privada, suspensión, destitución, inhabilitación temporal para desempeñarse como servidor público y sanción económica.
“Además, se determinan como sanciones aplicables a personas físicas y morales: sanción económica, inhabilitación temporal para participar en contrataciones, indemnización por daños y perjuicios ocasionada a la Hacienda Pública federal, local o municipal”.
Las faltas administrativas no graves serán resueltas por el órgano interno de control; y las graves por la nueva Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.