• La Diputada Karina Barrón presentó iniciativa para reformar el artículo 73 Bis de la Ley Estatal de Salud, que busca evitar abusos como el caso Ángela.
Monterrey, NL.- Para poner orden en los Centro de Tratamiento de Adicciones y se garantice una efectiva rehabilitación y el respeto a los derechos humanos, el Grupo Legislativo del PRI, a través de la Diputada Karina Barrón, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para otorgarle más facultades y “dientes” a la Secretaría de Salud en esta materia.
Se trata de una modificación al artículo 73 Bis del mencionado ordenamiento, a fin de que la autoridad estatal tenga las atribuciones para implementar mecanismos de verificación, supervisión y autorización del funcionamiento de Centros de Tratamiento de Adicciones, tanto públicos como privados, así como aplicar sanciones más severas y contundentes, comentó la legisladora priísta.
Con esta reforma, recalcó Barrón, también se busca detectar y actuar oportunamente cuando haya denuncias de maltratos o violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Ángela, la adolescente de 15 años de edad que ingresó a un centro de rehabilitación, en el cual fue drogada y abusada, además de que se le dejó de suministrar insulina para tratar su diabetes, situación que fue dada a conocer por los medios de comunicación en febrero de este año.
“Queremos que no haya más casos lamentables como el de Ángela y para ello se necesita que la Secretaría de Salud se involucre más en el funcionamiento de los centros de rehabilitación, para que vigile con mayor rigor sus protocolos y tratamientos, y no vuelvan a ocurrir casos de abusos”, señaló la Diputada tricolor.
Explicó que la iniciativa plantea la necesidad de que la Secretaría de Salud pueda aplicar sanciones administrativas o monetarias a los centros de rehabilitación que no cumplan con las medidas de seguridad adecuadas.
“Si de la verificación a los centros de tratamiento se observa algún incumplimiento de las disposiciones señaladas o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, la Secretaría de Salud debe dictar las medidas de seguridad y sanciones que correspondan, ya sea multa o clausura”, detalló Barrón.
Refirió que México ha suscrito diversos acuerdos, convenios y tratados internacionales para fortalecer la lucha contra las adicciones, además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la necesidad de que el Estado cumpla con el deber de prevención y protección a las personas de los abusos cometidos por terceros en la lucha contra las drogas
“Es común que a algunos centros de rehabilitación se les llame ‘anexos’ o ‘granjas’, porque son verdaderas cárceles a las que se lleva por la fuerza a sus internos, donde se aplican múltiples formas de tortura física y psicológica. Es de hacer notar que las terapias no son realizadas por profesionistas, ni en lugares adecuados y, peor aún, operan sin permisos y sin vigilancia de las autoridades de salud”, alertó Barrón.
La reforma por adición de una fracción VIII, al artículo 73 Bis de la Ley Estatal de Salud, propone que la Secretaría tenga la atribución de: “implementar mecanismos para la verificación, supervisión y autorización del funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones privados. Si de la verificación a dichos centros se observa algún incumplimiento al presente ordenamiento, a las normas correspondientes, o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, la Secretaría dictará las medidas de seguridad y sanciones que correspondan”.
