· Raúl Lozano, diputado local del Partido Verde en Nuevo León presenta punto de acuerdo contra la delimitación emitida por el Gobierno Estatal, para reducir el área de amortiguamiento y que permite desarrollos de vivienda más cerca de las pedreras.
Monterrey, NL.- Luego de que el pasado 13 de septiembre el Ejecutivo emitió una nueva delimitación de la zona de las pedreras, sin consultar la opinión de especialistas y sin hacer partícipes a los municipios colindantes de estos lugares, Raúl Lozano se pronunció en contra del hecho y propuso promover una controversia de inconstitucionalidad local en contra del acto.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que, con esta definición de desarrollo urbano se privilegian las ganancias económicas de unos cuantos, sin priorizar en la salud y calidad de vida de quienes pudieran vivir en ese tipo de zonas. Además de que la decisión del Gobernador fue unilateral, a la mala, sin sustento jurídico sólido y representaría una bomba más, en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente para la próxima administración.
“Pareciera que este Gobierno da prioridad a los intereses de unos cuantos en vez de salvaguardar la salud e integridad de las personas y sus familias, ya que poco o nada les importó aprobar de un plumazo la construcción de viviendas en zonas donde se sabe que las personas que lleguen a habitarlas estarán expuestas de forma permanente no solo a enfermedades respiratorias a causa de las actividades industriales que tendrán de forma colindante a sus viviendas, sino que también se enfrentarán a los daños estructurales que las mismas sufrirán a causa de las vibraciones y demás movimientos geológicos producidos por la maquinaria pesada utilizada por la industria de extracción y trituración de piedra caliza.
Nos damos cuenta de que este acuerdo lo hicieron a la mala y sin estudios de ningún tipo que pueda justificar la disminución de la zona de amortiguamiento y reserva, además que se brincaron toda la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano… El acuerdo (del Gobierno Estatal) se encuentra plagado de vicios jurídicos y arbitrariedades que deben ser analizadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, quien antes de resolver al respecto, puede suspender sus efectos, para mantener las cosas en el estado que se encontraban”, señaló el diputado.
El punto de acuerdo fue apoyado por todas las bancadas y aprobado por unanimidad, con lo cual se instruyó a la Dirección Jurídica del Legislativo para estudiar la posibilidad de presentar la Controversia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra del Gobierno del Estado por permitir que se construya en zonas aledañas a las pedreras en el cerro de las Mitras y cerro de San Miguel.