Monterrey, NL.- Al presentar su informe de actividades 2019 ante el pleno del Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, destacó que este año se emitieron 34 Recomendaciones dirigidas a 46 autoridades, principalmente por uso indebido de la fuerza, tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, así como retardos injustificados en la investigación penal.
“En estas Recomendaciones se documentaron violaciones contra personas con discapacidad, personas mayores, en situación de migración, mujeres, así como privadas de la libertad”, expresó.
Velasco Becerra, detalló que entre las autoridades estatales que recibieron las Recomendaciones se encuentran la Fiscalía General de Justicia, con ocho; la Secretaría de Seguridad Pública, con siete; la Secretaría de Educación y autoridades de Salud, dos cada una; la Procuraduría General de la Defensa del Adulto Mayor, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ISSSTELEON, y un Diputado del Congreso, con una.
Añadió que en relación a las autoridades municipales se emitieron cuatro Recomendaciones a la Presidencia Municipal de Monterrey; dos a Juárez, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza y Santiago; y una Recomendación a las Presidencias Municipales de El Carmen, Galeana, García, General Zaragoza, General Zuazua, Guadalupe, Pesquería, Sabinas Hidalgo y Santa Catarina.
Resaltó que en el periodo 2016-2019 de la gestión a su cargo, se han emitido 135 Recomendaciones, de las cuales solo cuatro no han sido aceptadas.
Informó además, que en 2019 se atendieron a 14 mil 712 personas, lo que representa un incremento del 30 por ciento en comparación con el 2016 y se iniciaron 1,524 expedientes de queja, lo que equivale a un aumento del 52 por ciento en relación al citado año.
“Se emitieron 195 medidas precautorias, lo que representa un aumento del 500 por ciento en relación al año 2016; y en el Centro de Atención a Víctimas de la CEDHNL, en 2019 se brindó atención a 1,751 personas, a través de dictámenes médicos, psicológicos y aplicaciones del protocolo de Estambul, aumentando un 24 por ciento en comparación con el 2018”, agregó.
Señaló que el principal objetivo de su administración ha sido acercar los servicios a la población, por ello, en el 2016 se inauguró una oficina de atención en el Pabellón Ciudadano, a través de la cual se han atendido a 10,373 personas en tres años; en 2017 las oficinas centrales fueron ubicadas en el primer cuadro de esta ciudad; en 2018 se puso en marcha la Unidad Derechos Humanos Móvil, que brinda servicios de atención a todos los municipios del Estado; y en el 2019, por primera vez después de casi 27 años de haber sido creado el Organismo, se instaló una sede fuera del área metropolitana de Monterrey, en el municipio de Linares, la Oficina Regional Sur.
Comunicó asimismo, que el año pasado se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos acciones de inconstitucionalidad, a efecto de que ésta decida si son constitucionales las reformas realizadas al artículo primero de la Constitución de Nuevo León, y otra respecto a obligaciones establecidas para particulares en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
La titular de la CEDHNL enfatizó que a pesar de que se modificó la infraestructura penitenciaria, se continúan denunciando violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que fueron documentadas en el “Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León 2018-2019”; que en 2019 emitió 5 Recomendaciones relacionadas con el sistema penitenciario por violaciones al derecho a la salud, a la integridad física y por la realización de revisiones denigrantes.
Que en el tema de las personas desaparecidas, se trabajó en coordinación con la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, para que las víctimas tuvieran acceso a la revisión y actualización de las carpetas de investigación; asimismo, personal de la CEDHNL participó como observador en las etapas de inspección y búsqueda que se realizó en las instalaciones del que fuera el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico.
Con respecto al medio ambiente, manifestó que se han atendiendo diversas quejas por esta problemática y sobre los casos de falta de agua que se presentaron en los municipios de Galeana, Doctor Arroyo, y Mier y Noriega.
La presidenta del Organismo mencionó que se emprendieron acciones para proteger los derechos de la población migrante, las personas con discapacidad, las víctimas de trata, las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia, las personas indígenas y la población LGBTTTIQ.
En este sentido, destacó la presentación en el mes de febrero de una iniciativa de ley sobre los derechos de las personas en situación de migración; en el mes de abril de una iniciativa de ley para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad; asimismo se realizaron dos protocolos en materia de trata de personas, uno de investigación y otro para la atención de víctimas: y se publicó un Manual para la atención y detección de trata de personas, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia.
Se firmó un convenio con el Instituto Estatal de los Adultos Mayores para implementar programas de prevención; y emitió las Recomendaciones 5/2019 y 31/2019, que tratan sobre casos de omisión en la debida diligencia en la investigación de muerte violenta de mujeres.
Al referirse a la promoción de los derechos humanos, hizo hincapié que a través del programa Derechos Humanos Móvil se benefició a más de 18 mil personas en 41 municipios visitados; por medio de las actividades de capacitación se logró impactar a más de 12 mil servidoras y servidores públicos, y 76 mil personas participaron en las actividades de difusión y educación de los derechos humanos.
“Celebramos 15 convenios de colaboración con autoridades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, y recientemente refrendamos el compromiso con 95 Organizaciones y Colectivos”, precisó.
Comentó que en el 2019 se llevaron a cabo importantes eventos de vinculación, como lo fue el Cuarto Festival por los Derechos Humanos, con la colaboración de 40 organizaciones y el patrocinio de diversas empresas, al que acudieron 7 mil 500 personas; además se impartieron 6 diplomados, en el TEC de Monterrey, la UDEM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Metropolitana de Monterrey.
“Con mucho gusto informo que el pasado mes de enero inauguramos la Ludoteca Derechos Humanos Itinerante, conocida por sus siglas como LUDHI, misma que se suma a nuestras acciones de prevención de la violencia en planteles escolares, pues mediante escenificaciones y actividades lúdicas e interactivas se fomenta la generación de ambientes inclusivos y libres de violencia en el entorno escolar”, mencionó.
En relación al ataque cibernético de que la CEDH fue víctima a través de la banca electrónica, que recibió por 3 millones 950 mil pesos, dijo que a 8 meses de esas operaciones ilícitas, la CONDUSEF emitió una opinión favorable a la Comisión, mediante la cual se solicita a Banorte que regrese los recursos.
“La institución bancaria no ha devuelto el dinero, por lo que interpusimos una demanda por la vía mercantil. Respecto a la investigación penal dos personas se encuentran vinculadas a proceso”, recalcó.
Antes de concluir su informe, agradeció al Consejo de la CEDHNL por su gran apoyo y orientación, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de promoción de derechos humanos, voluntaria y universitaria, por su compromiso y entrega; y al personal de la CEDHNL y a su familia.
