Por Ley, Movimiento Ciudadano debe presidir la mesa directiva del Congreso de Nuevo León

Monterrey, NL. — El día de hoy, el Congreso del Estado se prepara para una jornada crucial en la que se elegirá la nueva Mesa Directiva. De acuerdo con la legislación vigente, corresponde al partido Movimiento Ciudadano (MC) asumir la presidencia de la Mesa Directiva, mientras que la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI) le corresponde al Partido Acción Nacional (PAN), en virtud de su mayoría.

La Ley Orgánica del Congreso establece con claridad los procedimientos para la conformación de las nuevas autoridades legislativas. Según el Artículo 52, la presidencia de la Mesa Directiva debe ser ocupada por la primera minoría, lo que, en este caso, significa que el partido Movimiento Ciudadano, que ostenta esta posición, debe liderar el órgano. Por otro lado, el Artículo 61 estipula que la presidencia de la COCRI corresponde al partido con mayoría, que en esta ocasión es el PAN.

El proceso legislativo inicia con la toma de protesta de los diputados electos el 31 de agosto, momento en el cual se elegirá a la Mesa Directiva. Esta elección es fundamental, ya que marca el inicio formal de la nueva legislatura, la cual entrará en funciones a partir del 1 de septiembre, conforme al Artículo 35 de la Ley Orgánica.

La organización y funcionamiento del Congreso se desarrollarán a través de varias sesiones. En la primera sesión, el 1 de septiembre, se instalará la Mesa Directiva presidida por MC. Posteriormente, en la segunda sesión, los Grupos Legislativos presentarán los documentos necesarios para la conformación de sus respectivas fracciones. La tercera sesión servirá para la instalación de la COCRI, presidida por el PAN, y en la quinta sesión se integrarán las comisiones, de acuerdo con los acuerdos alcanzados por la COCRI.

Este proceso refleja el cumplimiento de los procedimientos legales que rigen la estructura del Congreso del Estado y subraya la importancia de seguir las normativas establecidas para asegurar un funcionamiento ordenado y representativo del poder legislativo.