Monterrey NL.El Senador Víctor Fuentes Solís presentó una denuncia contra autoridades federales y contra quien resulte responsable por delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental ante la Fiscalía General de la República, por daños al hábitat del perrito de la pradera.
Explicó que el Código Penal Federal en sus artículos 418 y 420 sanciona con una pena de seis meses a nueve años de prisión a quien destruya o desmonte la vegetación natural y una pena de uno a nueve años de prisión a quien dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna, en este caso terrestre, en peligro de extinción.
Acompañado de Cosijopi Montero, Director de Reforestación Extrema; Mauricio de la Maza, Director General de Pronatura Noreste A. C.; Bernardo Flores, Presidente de la Piensa Verde A. C., y Mauricio Castillo, abogado penalista, Fuentes Solís solicitó a la Fiscalía General que se dicten las medidas cautelares que sean necesarias para salvaguardar el ejido La Hediondilla, en Galeana, Nuevo León, y el aseguramiento del Llano de la Soledad para que no se dañe aún más dicha área natural protegida.
“Además de configurarse un delito Federal, la activación de maquinaria pesada, el cambio de uso de suelo de propia autoridad por parte de los productores, el daño a la flora y fauna y la sobreexplotación de los mantos acuíferos en el Llano de la Soledad para el cultivo de papa constituyen violaciones a la Ley General de Ecológico y Protección al Medio Ambiente”, expuso.
Subrayó que desde el 24 de noviembre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) ya tienen conocimiento del asunto en virtud de que PRONATURA NORESTE, A.C. alertó a dichas autoridades federales mediante diversos escritos sobre las actividades de presuntos productores iniciaron en el Llano de la Soledad.
“Precisamente estamos aquí porque fui informado por parte de PRONATURA que, pese a ser un área natural protegida, productores no identificados ordenaron el uso de maquinaria pesada para abrir tierras para el cultivo de papa, en una zona que forma parte del hábitat del perrito llanero, una especie en peligro de extinción”, dijo.
Lamentó que la voracidad de las empresas las lleva a aprovecharse de las carencias de la población ya que ofrecen contratos de renta para cambiar el uso de suelo de sus tierras, lo que es ilegal. “La culpa no es de los ejidatarios, es de las empresas”, aclaró.
El legislador federal pidió que el asunto se turne de inmediato al agente del ministerio público investigador que corresponda y, en su caso, inicie una carpeta de investigación para evitar que se cometan o se sigan cometiendo ilícitos.
“Queremos que se proceda apegado a derecho hasta el perfecto esclarecimiento de los hechos una vez que se acredite el probable delito, así como la probable responsabilidad, ya sea de las autoridades por omisas o de las personas no identificadas”, concluyó.
PARA MÁS INFORMACIÓN 8110235346Gabriela Rendón HerreraPronatura Noreste A.C.