DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
¿Para cuándo?
El tema es prioridad pero a la vez no: mientras en pláticas de café es imposible que no se hable de Duarte y compañía, los Sistemas Locales parecen estar cómodos así, estáticos, como si no los persiguiere un término legal o, como si los poderes legislativos estuvieran esperando la instrucción de facto, del ejecutivo, para ver cómo, quién y por dónde.
La respuesta al dilema es sencilla: la corrupción es el tema prioritario de la agenda ciudadana, pero no lo es en la de los actores políticos.
Porque desde la reforma a la última parte del artículo 113 constitucional, la Ley de Leyes dispone que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción, esto es: las legislaturas de los Estados fueron vinculadas para legislar en la materia: deben legislar sobre ello, y rápido; pero pareciere que no hay prisa.
Al materializar dicha legislación, según lo estipula la fracción I del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los Congresos locales tendrán que desarrollar la integración, las atribuciones, y el funcionamiento de los Sistemas Locales, teniendo como condición que la plataforma jurídica (figuras legales, puestos, responsabilidades, procesos, etcétera) sea EQUIVALENTE a la que se otorgó al Sistema Nacional. A eso se le llama homologación, estimado lector.
El problema es que aunque el Sistema Nacional está avanzando, -pues aunque despacio, casi en toda la ramificación de rubros que contempla se están cumpliendo los plazos constitucionales- en Tamaulipas no parece ser prioridad todavía.
No lo afirmo caprichosamente. Sostengo que no parece ser prioridad porque a cuatro meses de que entró en vigor el decreto que los constriñe (con término de un año) a dejar jurídicamente formado el Sistema Local Anticorrupción, me sobran dedos (de una sola mano) para contar a los legisladores que han opinado sobre el tema y a quienes han puesto el dedo sobre el renglón.
Estimo que no basta con sumarse al linchamiento mediático que pesa día a día sobre quienes tanto dañaron a sus Estados, ni basta tampoco con exigir justicia en sus casos, sino que, dichos ejemplos deben motivar a las legislaturas locales para cristalizar ya, las bases legales que permitan realmente combatir el problema conforme a la esencia del Sistema Nacional: 1) previniéndolo, y 2) creando los mecanismos institucionales que nos permitan estar listos para recibir a los corruptos que se sumen eventualmente al Duarpadresismo.
Si los Congresos locales no se motivan con los escándalos corruptores, debemos exhortarlos nosotros desde nuestras trincheras, el tema debe dejar de debatirse solo en el café, necesitamos la homologación completa, YA.
