Ciudad de México.-El senador Víctor Fuentes declaró que, además del reforzamiento presupuestal para labores de inspección, federal y local, para la protección del medio ambiente, es necesario el rediseño institucional para mejorar el litigio estratégico contra empresas contaminantes y la certificación de aquellas que sí cumplen con la norma.
“Estamos frente a un problema de tres dimensiones: el primero la mal llamada austeridad que ha recortado el número de inspectores y la capacidad operativa de la PROFEPA en Nuevo León; segundo, la falta de rigor en el ejercicio presupuestal estatal que ha permitido el desvío de recursos para medio ambiente en otros gastos, y tercero, el incumplimiento de sanciones efectivas en contra de empresas contaminantes que suelen ampararse”, explicó.
Dijo que, respecto al tercer punto, las empresas fácilmente se amparan ante un juez y por parte de la autoridad no hay un seguimiento jurídico de litigio estratégico para, en su caso, hacer efectivas las sanciones económicas. Con esos recursos -subrayó- se atenderían los puntos uno y dos relativos a la insuficiencia presupuestal actual.
“Las sanciones económicas previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se deben destinar a la reparación o compensación del daño al ambiente con un monto equivalente de 300 a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para personas físicas, y de mil a 600 mil días de salario mínimo para personas morales”, explicó .
Anotó que el pago de estas multas se incluiría en el Fondo Ambiental que serviría para costear la reparación de los daños ocasionados al ambiente e incluso estudios e investigaciones que un juez requiera durante un proceso de afectación ecológica. “Sin litigio estratégico esto no ocurre”.
Fuentes Solís, además, anunció que presentará una iniciativa para que, dada la incapacidad de inspección de las autoridades, sea obligación de las empresas presentar una certificación periódica respecto al cumplimiento de la norma en materia de emisiones contaminantes.
“Si el estado es incapaz de supervisar cada una de las empresas del país, todavía más en Nuevo León que es un estado eminentemente industrial, sería a través de laboratorios externos que las empresas certificarían su compromiso con el medio ambiente” , concluyó.
