Una corte federal de Houston condenó hoy a 40 años de prisión a un mexicano, extraditado a Estados Unidos, acusado de encabezar una red de trata que obligaba a mujeres indocumentadas a prostituirse en burdeles del este de Texas.
La Oficina del procurador federal para el sureste de Texas informó que Gerardo “El Gallo” Salazar, fue sentenciado este lunes por la magistrada federal Vanessa Gilmore a la pena más alta posible de 40 años de prisión.
Salazar se había declarado culpable en octubre pasado de cuatro cargos de albergar a extranjeras indocumentadas para efectos de prostitución.
El hombre, de 52 años de edad y originario de la Ciudad de México, admitió en la Corte que contrabandeo menores de edad y mujeres jóvenes de México a Estados Unidos mediante engaños y amenazas de daño físico y coacción psicológica para explotarlas sexualmente en bares de Houston.
Su confesión se dio como parte de un acuerdo a cambio de evitar una sentencia de cadena perpetua.
En septiembre de 2005, las autoridades federales acusaron a Salazar y a los también mexicanos Salvador Fernando Molina García, Ángel Moreno Salazar, José Luis Moreno Salazar, Juan Carlos Salazar e Iván Salazar, de “conspirar juntos para reclutar, atraer, albergar, transportar, proveer y obtener jovencitas mexicanas”.
Gerardo Salazar, identificado como el líder de la banda, permaneció en la lista de los más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) durante cinco años hasta que fue arrestado en México en 2010 y extraditado a Estados Unidos en junio de 2014.
Sus cómplices fueron detenidos en Houston y en sus respectivas declaraciones de culpabilidad en 2006 admitieron ser parte de una organización que operó entre principios de 2004 y hasta el verano de 2005.
Aceptaron que el objetivo de la banda era reclutar, convencer, albergar, transportar, proveer y obtener a jóvenes mexicanas para fines de prostitución.
De acuerdo con las autoridades, Salazar solía tatuar a sus víctimas con imágenes de aves para mostrar que pertenecían a él.
Las leyes federales estadunidenses prohiben conspirar para utilizar la fuerza, el fraude y la coerción a fin de obligar a una persona a enrolarse en actos sexuales o presionar conscientemente a alguien menor de 18 años de edad a sostener relaciones sexuales por dinero.
