por: Carmen Munguía
Algunos gobiernos apuestan por estrategias como robustecer los cuerpos de seguridad, aumentando significativamente la cantidad de elementos policiacos, con el objetivo de devolverle a la ciudadanía la paz y la seguridad, conscientes de este unísono reclamo social. Sin embargo, multiplicar el número de policías, no debiera ser la única estrategia para lograr la pacificación de un país tan violento como lo es México, en donde, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., ciudades como Celaya, Tijuana, Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada y Uruapan, se encuentran en el ranking de las ciudades más violentas del mundo de 2020. Es una realidad evidente que, debido a la naturaleza de interdependencia de los derechos humanos, la seguridad tiene efectos en diversos ámbitos de la vida de las personas, es decir, impacta en otros derechos humanos.
Por ejemplo, si hablamos de educación, se necesita la reapertura segura de las escuelas, en el contexto de una pandemia mundial que no da tregua, pero también, escuelas libres de explotación sexual infantil, libres de redes que amenacen la seguridad de niñas y niños, así como libres de venta de drogas. Si hablamos del derecho a la libertad de expresión y manifestación, necesitamos que éstas puedan darse sin represiones violentas a la ciudadanía. Y así, se podrían citar innumerables ejemplos que nos dejarían aún más claro el hecho que la seguridad es una condición indispensable en la realización de otros derechos humanos.
Empero, no podemos pretender que la multiplicación de policías por sí sola sea la fórmula mágica que resuelva el complejo problema de inseguridad al que se enfrenta México. Si bien, estudios y análisis pueden justificar la necesidad de contar con más elementos policiacos, alegando primeramente que son insuficientes, sería conveniente que se incluyera necesariamente en esta política de incrementar el número de agentes de seguridad, también y paralelamente, el impulsar la profesionalización de nuestras policías así como el fortalecimiento de nuestras instituciones de procuración de justicia, reclamos que por cierto, han defendido y mantenido colectivos como #SeguridadsinGuerra.
Y es que si bien, para proteger los derechos humanos, tal cual lo mandata el artículo primero constitucional, se requieren de instituciones, de marcos jurídicos, y, respecto el tema de seguridad, no pudiera ser la excepción, sin embargo, las leyes por sí solas no pueden cumplir con esta obligación de proteger los derechos humanos, las instituciones, en este caso, de procuración de justicia son igualmente necesarias, y no sólo eso, la profesionalización de la policía de México, debiera considerar una formación seria en derechos humanos, que contemple un número estricto de horas de aprendizaje, un plan de estudios que permita a las y los cadetes en formación, así como a las y los policías activos, realmente aprender la materia, conocer los orígenes de los derechos humanos tal y cual los conocemos hoy en día, su surgimiento posterior a dos guerras mundiales y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, su razón de ser, sus principios, las obligaciones constitucionales que todas las autoridades mexicanas tienen hacia estos derechos; los sistemas de protección de derechos humanos que existen, las sentencias que México ha recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por cometer violaciones graves a derechos humanos, entre otros temas, y es que no se trata sólo del aprendizaje, sino también de la reflexión, de tomar conciencia para que nuestras policías no repitan las malas prácticas que se han generalizado y enraizado en el país a lo largo de los años.
Contratar a más agentes de seguridad, para que estos después hagan uso excesivo y arbitrario de la fuerza, ejecuten represiones violentas contra la población civil, realicen prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsiones, se sumen a las filas del crimen organizado, sean partícipes de desapariciones forzadas, etcétera, lejos de resolver el problema de inseguridad, la agravaría aún más.
En América Latina y la región, hemos visto de forma reciente, represiones violentas a manifestaciones en Chile, Colombia y también en Cuba, ejecutadas precisamente por cuerpos de seguridad, por policías y militares desplegados. Por ende, multiplicar el número de policías puede sumar positiva y decididamente a una estrategia para la construcción de paz y seguridad, seguramente, pero no de forma aislada y siempre y cuando la enseñanza de los derechos humanos se realice con estricto profesionalismo, vigor e ímpetu.
En varias de las sentencias que México ha recibido por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se puede leer la consigna de capacitar en derechos humanos y es que educar en derechos humanos y democracia, no es una tarea irrelevante en absoluto. En palabras de Rosa María Mujica: “Educar en derechos humanos no puede reducirse al orden intelectual, pertenece al reino de los sentimientos, de las pasiones, porque supone trascender la palabra y pasar a la acción. Es el desafío de ser más humanos. Educar sería en este sentido el intento de transmitir y adquirir actitudes que encarnan la utopía de los derechos humanos”. Y la utopía de los derechos humanos tendrá siempre que ver con la dignidad de las personas, con la paz y la estabilidad mundial.
