FACTOR ENTRE DOS
Por: José Efraín Caballero Sevilla
La recaudación de firmas, para solicitar una consulta sobre el juicio a exmandatarios ha culminado, y será en los próximos días cuando se estará dando a conocer de manera oficial, si se alcanzó la meta del millón seiscientas mil firmas, que representan el 2 por ciento del padrón electoral, necesarias para solicitar a la Suprema Corte la procedencia de la consulta, que presumiblemente se estaría dando a la par de la elección del año entrante. De manera extra oficial se menciona que se alcanzaron 2 millones de firmas en el territorio nacional.
La participación de la ciudadanía en este ejercicio, se da de manera democrática, ya que el articulo Artículo 39 Constitucional señala que -La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno-.
Si el pueblo demanda una investigación judicial –en caso de que existan elementos- se estará otorgando ese derecho que es legítimo, ya que es de dominio público todas las fechorías que se han dado en administraciones pasadas, donde la corrupción fue parte de la filosofía administrativa, como puntualmente lo señala el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se entregará al Senado la solicitud. El presidente sustentó el requerimiento por el cual los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, podrían ser investigados, y en consecuencia enjuiciados.
Las razones que esgrime el mandatario para iniciar una investigación contra sus predecesores, se sustentan en el periodo iniciado el 1 de diciembre de 1988 hasta el 30 de noviembre de 2018, donde la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, se incrementaron radicalmente.
De Salinas de Gortari, de quien mencionó que fue impuesto en 1988 mediante el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas; inició el desmantelamiento de las empresas e industrias paraestatales, que convirtieron a México en el cuarto lugar mundial con más millonarios, llegando a 24. Antes de su mandato, solo uno figuraba en las listas de Forbes, dándose una multiplicación al entregarles a estos particulares las minas, los bancos y empresas, a precios de remate.
Cabe señalar, que, en ese periodo hasta la fecha, se acrecentó la desigualdad social, y el poder adquisitivo de los ciudadanos se redujo drásticamente, porque el aumento salarial, iba por debajo de la línea inflacionaria.
Carlos Tello Macías, ex secretario de Programación y Presupuesto, mencionó en conferencia, que los gobiernos han acarreado una pérdida del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo, se ha empobrecido a la población, la tributación es la más baja del continente y se ha aumentado la concentración de la riqueza. Es un desastre económico a lo largo de 30 años de neoliberalismo.
Esto es en el área de la política económica, que fue contraria al beneficio de la clase trabajadora; pero habría que sumarle los casos cotidianos de corrupción, que fueron otra característica de este periodo, donde los políticos se convirtieron en empresarios, al amparo del influyentísmo que ejercían.
Una estrategia que se estuvo dando sexenalmente para tratar de limpiar la imagen del sistema político, era procesar chivos expiatorios al inicio de cada administración, dándose la persecución judicial y como por arte de magia cuando terminan, sus cargos desaparecen y quedan en libertad.
Podemos citar la liberación de Elba Esther Gordillo, ex dirigente del sindicato de maestros, precisamente unos meses antes del fin del sexenio de Enrique peña Nieto. Más atrás recordamos a Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos en el periodo de Miguel de la Madrid, casualmente misma situación que acontece con Emilio Lozoya, aunque este ya confesó, además de la captura de Arturo Durazo Moreno, conocido como uno de los personajes más corruptos en la historia contemporánea.
Por estas razones, parece viable el inicio de investigaciones, en caso de ser procedentes, hacia los actores políticos mencionados. El respeto a la presunción de inocencia, pero en caso que la autoridad lo determine el inicio de procesos administrativos.
Querido lector, tenga un excelente día nos leemos la próxima.
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