Monterrey, NL.- En una audiencia celebrada el 6 de agosto de 2024, el Juez de Control dictó una sentencia condenatoria de 63 años y 9 meses de prisión para José Francisco “N”, de 37 años, por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delitos contra la salud.
Los hechos que llevaron a la condena de José Francisco “N” se remontan a junio y julio de 2021. El 8 de junio de 2021, el acusado, en compañía de otro sujeto, arribó a una vivienda en la colonia Lomas del Progreso, en Ciénega de Flores, N.L. En ese lugar, José Francisco “N” disparó contra una mujer de 33 años, identificada con las iniciales M. M., causando su muerte, y contra un hombre de 31 años, con las iniciales I., quien resultó gravemente herido.
El segundo evento ocurrió el 8 de julio de 2021 en la colonia Hacienda San Antonio, en Ciudad Benito Juárez, N.L. José Francisco “N” fue identificado como el conductor de un vehículo desde el cual sus cómplices descendieron para perpetrar un ataque con arma de fuego. La agresión resultó en la muerte de un hombre de 30 años, conocido con las iniciales J. E., y lesiones graves a otra víctima de 35 años, identificada con la inicial O.
Además de los homicidios y la tentativa de homicidio, el acusado fue hallado culpable de delitos contra la salud. En septiembre de 2021, durante un operativo de rutina, fue detenido con dosis de droga, una báscula digital y dinero en efectivo.
Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidio presentó un sólido caso contra el acusado. Las pruebas documentales, materiales, periciales y testimoniales confirmaron la responsabilidad de José Francisco “N” en los crímenes imputados. La defensa intentó desacreditar las pruebas, pero sus argumentos fueron desestimados por el Juez, quien concluyó que el acusado había actuado con dolo y premeditación en los actos delictivos.
El Juez no solo impuso la condena de 63 años y 9 meses de prisión, sino que también ordenó el pago de indemnización por concepto de muerte, gastos funerarios y atención médica a las víctimas lesionadas. La sentencia se ejecutará en un Centro de Reinserción Social Estatal, y el acusado deberá hacer frente a los gastos de reparación de daño conforme a la ley.
Este fallo representa un paso importante hacia la justicia para las víctimas y sus familias, y subraya el compromiso de las autoridades con el combate a la violencia y el crimen en Nuevo León.