La Fiscalía Anticorrupción investigará los presuntos “moches” solicitados por Diputados locales a Alcaldes rurales a cambio de la obtención de recursos para obras públicas.
En rueda de prensa y tras presentar un resumen de las primeras denuncias recibidas en la Unidad, el Subprocurador de la Fiscalía, Ernesto Canales, detalló que de ser necesario se solicitará el desafuero.
“Esta Fiscalía va a tomar esta investigación y vamos a considerar la procedencia en su caso de acusaciones posteriores”, refirió el Fiscal estatal.
“Desde luego incluyendo la solicitud correspondiente de desafuero si así lo ameritaran los hechos que nos han sido presentados”.
Dentro de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra el caso de la armadora KIA.
En ésta se investiga la adquisición del terreno, las obras realizadas en el lugar y las concesiones otorgadas por el Gobierno anterior fuera de sus facultades autorizadas en la ley.
En la Secretaría de Obras Públicas, detalló Canales, se investigan 7 mil contratos de obras públicas con licitaciones a modo y sobrecostos correspondientes al sexenio de Rodrigo Medina, por un monto de 40 mil millones de pesos.
“Dado los volúmenes de que estamos hablando aquí nos podemos encontrar con una red o todo un sistema de defraudación que debemos ser muy cuidadosos en no adelantar juicios, sino basarnos en la investigación científica de estos casos”, dijo.
Además en la Gasería de Linares se indaga por rebasar los montos concesionados por el Gobierno anterior en las autorizaciones formales.
En relación a la empresa Limón Publicistas la investigación se centra en el contrato de la pasada Administración para enaltecer la imagen del entonces Gobernador.
Mientras que en la Secretaría del Trabajo, el titular de la Unidad Anticorrupción dijo que denuncian presuntos cobros de cuotas para quienes recibían cursos de capacitación; así como para las empresas que ofrecían los mismos.
“Es interesante poder desmantelar una red de estas si es que logramos su identificación completa”, refirió el funcionario estatal.
En el caso de Isssteleón la inversión de la institución en bonos de Metro Financiera; así como en la licitación de servicios médicos forman parte de la investigación.
La disposición de fondos que correspondían a la cuenta de fianzas en custodia del Gobierno del Estado se suma a los casos que la Fiscalía ha recibido en los primeros meses de su instalación.
La prestación del servicio alimentario por parte de la Secretaría de Seguridad Pública es otra de las investigaciones que se encuentra en proceso.
Sobre el asunto de las cobijas se investiga a las personas que participaron de manera directa o indirecta.
Un caso más, dijo Canales, son las dos denuncias presentadas en contra de la anterior Administración municipal de Monterrey.
Otras denuncias que se investigan son en dependencias como Agua y Drenaje y Contraloría.
Asimismo, el robo de concesiones de taxis; permisos otorgados por los municipios a casinos; y licitaciones de municipios para la recolección de basura.
“Esta es de nuevo una oportunidad para convocar a los ciudadanos a que se sumen a este esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía Anticorrupción para que se acerquen a proveer los datos, que tengan cobre cualquiera de estos asuntos”, puntualizó Canales.
