Ciudad de México.- El abuso sexual perpetrado por un servidor público contra otra persona, fue incorporado a la nueva Ley General contra la Tortura.
En este sentido se establece que aquel servidor público que haya sometido a la víctima a cualquier forma de violencia sexual será acreedor a una pena de hasta 30 años en prisión y de mil 500 días de salario mínimo de multa.
Las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos en el Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la Ley General contra la Tortura.
Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia detalló que mediante esta adición se podrá prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.