Por: Víctor Manuel Fuentes Cortés
El drama de la política en materia de seguridad pública, diseñada desde hace 10 años, es sólo una de las expresiones más crudas de la ineficaz “guerra contra el narcotráfico”. La legislación y las políticas públicas orientadas a enfrentar el problema, no solamente han fracasado por no tener objetivos claros y medibles, han fracasado por pretender atacar con recursos un problema mal definido.
Como si lo anterior no fuera claro, el pronunciamiento del General Salvador Cienfuegos el pasado 8 de Diciembre ante los medios, además de hacer eco de su posible decisión de hablar en público cuando su jefe no le escuchó en privado, añade un reclamo y una sentencia. Por un lado, el reclamo, el cual proveniente del jefe de las Fuerzas Armadas pone de manifiesto la falta de capacidad de nuestra policía para cumplir con su trabajo de manera confiable y apegada al marco legal establecido, y por otro lado, sentencia clara que afirma: O se provee a los soldados de un marco normativo que les proteja de ser acusados por actuar fuera de la ley o simplemente se regresa a la fuerza armada a los cuarteles.
No concuerdo con quienes afirman que el problema central es la escasez de buenas policías y que la solución se encuentra en la generación de incentivos políticos para construirlas. Reconocer esto sería reconocer que únicamente se necesita de buenas policías para acabar de manera infalible con el problema del narcotráfico. Considero que si bien es cierto que tener corporaciones de seguridad con eficiencia calificada constituiría una mejora en la gobernabilidad, no menos cierto es que poner un término perentorio para que los Estados y municipios trabajen en el tema no resuelve el problema de raíz, esto sólo implica mayor burocracia y mayor gasto de recursos por parte de un país que se encuentra en condiciones de “austeridad” presupuestaria.
No solamente planeo insinuar que México tiene más de 10 años sin saber cómo atacar el problema, lo estoy afirmando. En efecto, nuestro país, ha comprometido considerables cantidades de recursos públicos en el combate a la delincuencia, pero sin atacar el problema de raíz, lo anterior queda de manifiesto si analizamos tres factores básicos; 1) Prevención del delito, 2) Combate a la delincuencia, 3) Readaptación Social.
Sólo por poner un ejemplo, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 el pasado 11 de noviembre, desapareció oficialmente el “Programa Nacional de Prevención del Delito”. La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo Federal de no asignarle más recursos. Esto ocurre a pesar de que la tasa de homicidios dolosos en el país es la más alta desde 2012 y hay un aumento del 8% en el número de secuestros diarios, según las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano.
Ahora bien, si nos referimos a recursos invertidos en años pasados, observamos que en 13 años México gastó más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia, monto que superó a lo invertido en otras áreas como salud o ciencia. El gasto destinado a la procuración de seguridad de los mexicanos se ha triplicado en 10 años. Sin embargo, en el último sexenio y lo que va del actual, los miles de millones de pesos otorgados a este rubro no se han utilizado de manera eficiente: se invierte más en equipos que en estrategias y no hay claridad en manejo de recursos por parte de gobierno federal.
Por último si abordamos el tema de readaptación social nos encontramos con que nuestro Sistema Penitenciario Federal eroga aproximadamente 140 pesos diarios en mantener a un reo, y al hacer un comparativo, el gasto por reo es mayor al que invierte la UNAM por cada alumno de bachillerato, pues la máxima casa de estudios gasta 115 pesos por día.
El problema es que el Sistema Penitenciario en el país se ha venido agudizando en los últimos años porque la política criminológica ha propiciado que la población penitenciaria se haya duplicado en una década, “sin que los mexicanos nos sintamos dos veces más seguros”.
Dar certeza jurídica a las labores de la milicia en materia de seguridad interior no va a resolver un problema de fondo. Si es cierto que necesitamos mejores policías para combatir a los delincuentes, pero lo que también es cierto es que necesitamos mejores programas sociales que a su vez redunden en mejor calidad de vida para así generar menos delincuentes.
Quiero ser claro, el grito desesperado del General de ninguna manera puede constituir el inicio la discusión para regular una militarización nacional, mucho menos el punto de partida para destinar más recursos a los Estados y municipios sin obtener resultado alguno. El grito del General es una llamada al análisis para entender que como dijo Martin Luther King: “Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual”.
