San Nicolás de los Garza NL.-Ante el incremento de migrantes que se registra en Nuevo León, la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, firmaron un convenio de colaboración para apoyar a los migrantes que actualmente vienen de países centroamericanos para poder llegar a la frontera con los Estados Unidos y a los que deciden permanecer en Nuevo León
La signa se llevó a cabo en la sala Héctor S. Maldonado y corrió a cargo del Director de la FACDyC, Oscar P. Lugo Serrato, del Delegado del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, Daniel Torres Cantú, y del Secretario de Desarrollo Social del Estado, Genaro Alanís de la Fuente.
El director de la Facultad, Óscar Lugo Serrato, explicó que con el apoyo de alumnos próximos a graduarse, darán asesoría legal gratuita a las personas que se encuentran en México sin documentos.
“Damos asesoría jurídica a migrantes que requieran hacer trámites ante el Instituto Nacional de Migración, y que ante sus condiciones de vulnerabilidad no cuentan con los recursos necesarios para contactar un abogado.
“La idea es que por medio de la facultad y de esta Clínica Migratoria se dé la asesoría, el Instituto Nacional de Migración nos ayuda a capacitar a los alumnos”, señaló el director de la FACDyC.
Por su parte, el delegado del INM detalló que son más de 20 trámites los que existen en ese instituto, algunos con costo de hasta 6 mil pesos, y la intención es que Desarrollo Social los apoye para definir a quiénes de los migrantes se les puede exentar el pago.
“Cada uno de los trámites ronda hasta los 6 mil pesos de pago de derechos, y en este convenio de colaboración que estamos firmando el día de hoy buscamos que la Secretaría de Desarrollo Social nos apoye con estudios socioeconómicos para que el Instituto pueda exentar de los pagos a aquellos extranjeros que lo necesiten por su condición económica.
“Pero la parte que hace la facultad es fundamental, porque normalmente un extranjero que desea regularizar su situación migratoria tiene que recurrir a un despacho especializado en temas migratorios o a un gestor, y ahí sí ronda lo que cobran de honorarios de 2 mil hasta 20 o 30 mil pesos”, precisó Torres Cantú.
El secretario de Desarrollo Social indicó que, a pesar de la oposición que existe de algunos sectores de la sociedad en cuanto al apoyo que se brinda a este grupo social, la atención se debe dar, además de una cuestión humanitaria, por un aspecto de paz y seguridad.
“El Gobierno del Estado ha sido muy solidario para atender y resolver temas que al migrante le hagan falta, porque sabemos la consecuencia cuando no se atiende.