Luego de que la Dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Nuevo León anunció la cancelación del contrato a la empresa Permat, que tuvo retraso de dos meses en obras de recarpeteo en Carretera Nacional, el diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, exigió celeridad y que se ahonde en la investigación contra todas las constructoras de dudosa reputación.
El también Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados demando a la SCT no olvidar su petición para que se investiguen las asignaciones de contratos de los últimos tres años en Nuevo León.
“Nosotros lo único que pedimos es que aceleren ese proceso para acabar con ese contrato y que no se olvide la investigación que estamos pidiendo. Es lo menos que pueden hacer luego de las molestias, accidentes y contratiempos que causaron en la Carretera Nacional”, dijo Pérez Díaz.
De acuerdo a un comunicado emitido hoy por la Dirección de SCT Nuevo León, las obras de recarpeteo en Carretera Nacional ya concluyeron en el tramo a la altura de La Rioja y que debido a los retrasos se empezaría el procedimiento de rescisión de contrato y se buscaría una constructora con solvencia técnica y ética.
El diputado federal Víctor Pérez fue el primero en solicitar a la SCT la cancelación del contrato a dicha empresa.
Como ha sido publicado por medios de comunicación de Nuevo León, el Centro Nuevo León de la SCT asignó un contrato por 22 millones de pesos a Grupo Industrial Permat, para realizar trabajos de recarpeteo y rehabilitación pavimento en un tramo de 5 kilómetros de la Carretera Nacional a la altura de la comunidad El Uro.
Estos trabajos se han realizado de manera deficiente, registrando un gran rezago en los tiempos de entrega, y han provocado la molestia de vecinos así como de automovilistas, por el caos vial que han generado así como daños a vehículos que transitan por esta vía.
Medios de comunicación han revelado que estos trabajos se asignaron a Grupo Industrial Permat, una empresa presuntamente ligada al huachicoleo, cuyo dueño fue ejecutado en el municipio de San Pedro Garza García en noviembre pasado.