Estudiantes presentan iniciativa de ley para reconocer a los partidos políticos como instituciones receptoras del Servicio Social

Monterrey, NL.- Un grupo de estudiantes de diversas universidades, tanto del sector público como privado, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Educación y a la Ley de Profesiones de Nuevo León, con el propósito de ampliar los espacios donde se puede realizar el servicio social, incorporando también a los partidos políticos debidamente registrados como instituciones receptoras.

Actualmente, el servicio social es un requisito obligatorio para obtener el título profesional. Sin embargo, la normativa estatal limita de manera poco clara las instituciones donde puede llevarse a cabo. La iniciativa busca que además de dependencias públicas, sociales y privadas, los estudiantes puedan realizar su servicio en actividades que fortalezcan la vida democrática, la educación cívica, la participación ciudadana y la formación profesional.

De aprobarse, esta reforma abriría un nuevo espacio formativo para la juventud universitaria, donde podrán conocer de primera mano procesos legislativos, de análisis político y de vinculación comunitaria, fortaleciendo su compromiso cívico desde la etapa estudiantil. Con ello, también se reconoce que el ingreso de jóvenes a los partidos políticos suele verse limitado por dinámicas internas que dificultan su integración plena. La propuesta busca abrir espacios más accesibles e igualitarios, donde las y los estudiantes de Nuevo León, y eventualmente del país, puedan participar en condiciones más justas y con posibilidades reales de crecimiento dentro de la vida política, brindándoles la oportunidad de iniciar su carrera política desde una temprana edad.

La iniciativa destaca que la democracia se fortalece con la participación de las nuevas generaciones y que el contacto temprano con procesos de toma de decisiones abonará a una ciudadanía más crítica, informada y comprometida. De aprobarse, las universidades deberán adecuar sus reglamentos para que los estudiantes puedan formalizar convenios en partidos políticos, siempre garantizando que las actividades estén orientadas al beneficio social, la formación cívica y el desarrollo académico.

Con esta propuesta, la comunidad estudiantil busca abrir un precedente a nivel estatal y nacional, demostrando que la juventud no solo es el futuro, sino también el presente de la vida democrática.