En el marco del Día Internacional de la Mujer, Irma Alma Ochoa, directora de la asociación Arthemisas por la Equidad, ofreció la conferencia “Feminicidios”, organizada por el Centro de Salud y Desarrollo del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey
San Pedro Garza García, Nuevo León, 8 de marzo 2016.- Aunque existe un progreso en lo legislativo en materia de violencia contra las mujeres en Nuevo León desde el año 2000, hay fallas por las que las leyes no pueden ser aplicadas, por lo que hay que homologarlas con el Código Penal Federal e implementar protocolos de investigación, de acuerdo con Irma Alma Ochoa.
La directora de la asociación Arthemisas por la Equidad impartió en la Universidad de Monterrey la conferencia “Feminicidios”, esta mañana en el Auditorio 2, en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Centro de Salud y Desarrollo del Centro para la Solidaridad y la Filantropía.
En su conferencia, la activista presentó la evolución de las cifras sobre la llamada violencia de género, a partir de casos publicados en las páginas de periódicos desde 1997, en que el grueso de los delitos eran mujeres victimadas por sus propias parejas, hasta mujeres muertas por integrantes de la delincuencia organizada después de 2000.
“Ha habido una evolución legislativa: en 2000 no se conocía o no existía tipificada la violencia familiar; en 2007, ya se reconoce que hay una violencia específica contra las mujeres; y en 2013, Nuevo León tipifica el feminicidio”, mencionó.
Sin embargo, Ochoa contrastó cifras que evidencian periodos de crisis de justicia, ya que en 2000 se registraron 26 homicidios y en 2011, 224 casos; mientras que en 2015 fueron contabilizadas 61 mujeres asesinadas, lo que impulsó a la asociación que dirige a solicitar una alerta de género.
“(La violencia) fue en aumento: en 2011 fue la crisis y debido a esa crisis y a esa situación de ingobernabilidad y que no existía un estado de derecho, y que no existe porque estamos apenas construyéndolo, fue que solicitamos esa alerta de género”, detalló.
La ponente explicó que la alerta de género y las órdenes de protección son dos mecanismos de ayuda para las mujeres, que están incluidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Esta ley se publicó en el año 2007, sin embargo, estas alertas de género han tenido muy mala orientación desde las autoridades, porque casi todas las han negado y en el momento en el que negaron un número muy importante de solicitudes es que hubo la necesidad de reformar el reglamento de la ley”, relató.
Por otro lado, falta implementar los protocolos de investigación a los que se aluden en la codificación de tipo penal desde 2013, aseguró la investigadora, sin embargo, a tres años de distancia, la ley no se puede aplicar porque no se han redactado esos protocolos, lo que corresponde a las autoridades.
“Todavía hay mucho (por hacer), pero, sobre todo, las políticas públicas de prevención son las que más están fallando y por eso están sucediendo estos hechos lamentables”, sostuvo.