Monterrey, NL.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió tres recomendaciones en las que se advierten violaciones a los derechos humanos; la primera por la negativa de celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo; la segunda por afectación a los derechos humanos de personas en situación de migración; y la última por actos de tortura psicológica en perjuicio de una persona mayor de edad.
Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por la presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, quien precisó que la Recomendación 11/ 2017, fue dirigida al Director General del Registro Civil del Estado, ya que se concluyó que personal de la citada dependencia transgredió los derechos a la no discriminación, a las garantías judiciales para la determinación de derechos y obligaciones de carácter civil; y los derechos a la libertad y a la seguridad personales, a la injerencia arbitrariamente en la vida privada de las víctimas y en su derecho a contraer matrimonio.
Dichas violaciones se suscitaron cuando una pareja del mismo sexo solicitó su unión matrimonial en el Registro Civil, pero les negaron dicho trámite, ya que les refirieron que el matrimonio se constituye por la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, con el fin de perpetuar la especie.
En este caso, la Comisión recomienda al Director General del Registro Civil de Nuevo León que el artículo 147 del Código Civil del Estado sea interpretado conforme a la Constitución, en atención a la supremacía de esta normativa; además de que se adopten las medidas necesarias y efectivas, en el ámbito de su competencia, para poner de conocimiento del Congreso del Estado la contravención de la disposición contenida en el citado artículo del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en relación con lo dispuesto en la Constitución.
Asimismo en la citada Recomendación, se hizo un llamado especial al Congreso Local, a fin de que en uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta los mandatos internacionales en materia de derechos humanos, atendiera las iniciativas que versen sobre la temática en este caso planteada.
En cuanto a la Recomendación 12/2017, dirigida al Alcalde de General Terán, este Organismo acreditó el uso de armas de fuego por parte de un policía municipal, de manera desproporcionada y sin justificación alguna, en perjuicio de 12 personas migrantes, de nacionalidad Hondureña, entre ellos mujeres y menores de edad, al realizar diversos disparos al vehículo en el que viajaban, al no detenerse en un puesto de control.
En este caso, que se investigó de oficio, cinco personas migrantes resultaron heridas, entre ellos, tres adultos y dos menores de edad; también se determinó la violación al derecho a la libertad e integridad personal, a la circulación y al debido proceso en relación al respeto y garantía del derecho consular.
Entre los puntos recomendatorios la CEDHNL le pide a la autoridad municipal la instauración del procedimiento administrativo correspondiente a los elementos involucrados en el evento; capacitación o formación de la policía municipal en materia de derechos de los migrantes, con énfasis en las personas en situación irregular; asimismo, en materia de uso de la fuerza, respecto a los principios esenciales de ésta.
Por otra parte, en relación a la Recomendación 13/2017, relacionada con la detención de una persona de sexo masculino que realizaron agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el centro el municipio de Cadereyta, cuando llevaban a cabo una investigación de un vehículo relacionado en hechos delictivos.
Este Organismo acreditó hechos violatorios a los derechos humanos al existir dilación y amenazas, y violencia física mientras lo interrogaban en una investigación criminal, además de actos de tortura física al asfixiarlo con agua en el rostro y dejarlo hincado por un lapso de aproximadamente 24 horas.
Dicha Recomendación fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, en su carácter de autoridad responsable, al tener por acreditado actos que constituyen tortura, se solicita el resarcimiento de los daños causados, las investigaciones penales y administrativas correspondientes a fin de evitar la impunidad de los hechos; asimismo, la adopción de medidas de rehabilitación consistente en el tratamiento y acompañamiento psicológico para la víctima, y como medidas de no repetición, se estableció la eliminación de la práctica de detenciones arbitrarias de forma inmediata.
Sobre esta Recomendación, la ombudsman, precisó que aunque los hechos ocurrieron en el 2013 y la denuncia fue presentada ante el órgano que dirige en el 2016, las violaciones por tortura no deben quedar impunes, por ser una grave violación a los derechos humanos.
Cabe destacar que la CNDH presentó hoy su informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México y exhortó a los organismos estatales a dar un seguimiento puntual a los casos que en esta materia se presenten.
