por Carmen Munguía Gallegos
La sentencia que en 2009 recibió el gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, una sentencia paradigmática por violaciones graves a los derechos humanos, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que evidenció que México no era la excepción en el uso de esta práctica de terror, utilizada en su momento y principalmente por dictaduras militares, pareciera no haber sido lo suficientemente aleccionadora, ya que hoy por hoy, en nuestra historia reciente, la desaparición forzada se realiza en escenarios mucho más complejos, a los que se han sumado nuevos actores.
En el marco del pasado día internacional de la Desaparición Forzada, se puso sobre la mesa una cifra acumulada y escalofriante de más de noventa mil personas desaparecidas desde 1964 en México. Empero, y al respecto, se desconoce cuántas de estas desapariciones corresponden puntualmente a la categoría de “desapariciones forzadas”, dado que no toda desaparición de una persona constituye por sí misma una desaparición forzada, precisamente.
Un caso emblemático de desaparición forzada, por ejemplo, sería el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o la denominada desaparición de Iguala, dada la participación de elementos de instituciones de seguridad en los hechos. Respecto a Ayotzinapa, no debemos olvidar que el reclamo de verdad y justicia aún continúa vigente, que sus familiares no han parado de buscarles. De acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado internacional que México ha suscrito, se habla de desapariciones forzadas cuando se presenta el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obras de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley.
Este próximo 26 de septiembre se cumple un aniversario más de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hechos trágicos que desataron la solidaridad internacional, dado que se trata de violaciones graves a derechos humanos que atentan contra la dignidad de las personas, pero que además, implican un sufrimiento continuo, prolongado a las familias.
Es importante tener conciencia de que estas 43 familias no son las únicas víctimas, a ellas se suman las miles que por su cuenta igualmente buscan a algún familiar, a algún ser querido desaparecido. No es normal en absoluto que las personas desaparezcan, mucho menos que el registro histórico no deje de incrementarse.
La historia de nuestro país debe y reclama dejar de acumular tragedias, injusticias y sobre todo, impunidad, la cual sin duda crea, permite, incita a la repetición de hechos que violentan los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas ha pedido a México garantizar la búsqueda efectiva de las personas, en dicho sentido, es importante prestar atención a organizaciones internacionales que, recordemps, surgieron precisamente con el gran objetivo de mantener la estabilidad y paz mundial.
