Carmen Munguía
Existen preocupaciones nacionales, agendas, distintos asuntos públicos que acaparan la atención política, mediática y ciudadana. En esta ocasión, quisiera hacer referencia a un asunto que no deberíamos ignorar, por su gravedad, por su permanencia, por la falta de justicia e impunidad en la que reina, y sobretodo, por el dolor inmenso que provoca, hablo de las desapariciones de personas que suceden diariamente en el país. Y sí, quizás en este momento estemos concentrados específicamente en derechos como la salud, economía y educación.
No es para menos, estamos viviendo aún una pandemia; una crisis sanitaria global a causa de un virus, que tan sólo en México, de forma oficial, se sabe que ha matado a aproximadamente 213 mil 048 personas (cifra al martes 20 de abril 2021, El Universal) que además vino a golpear la economía y que hasta ahora mantiene a niñas, niños, adolescentes y jóvenes privados de aprendizaje, desarrollo, socialización, juego y de la misma “escuela”, que como institución, es útil para escapar de las violencias que se suscitan en el hogar, y que por cierto, urge sea reconocida y atendida como “la otra pandemia”.
Empero, en cuestión de derechos, no existe uno más o menos importante que otro, todos tienen el mismo valor, por ser interdependientes e indivisibles. Y en este sentido, es imposible no darnos cuenta de las personas que desaparecen diariamente en suelo mexicano, es alarmante tener registro, por ejemplo, de 46 personas desaparecidas por día en 2020, esto, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; es incorrecto e inhumano, además, ignorar la exigencia legítima de la búsqueda de niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres que diariamente desaparecen.
En consecuencia, debemos prestar atención a los y las académicas, a los y las defensoras de derechos humanos, quienes insisten en que todas estas desapariciones requieren ser documentadas rigurosamente, ya que el registro de los casos constituye una estrategia importantísima para el acceso de las víctimas a la verdad, justicia y garantías de no repetición.
Álvaro Martos ha explicado que la documentación de los casos constituye una herramienta clave a la hora de exigir derechos, precisamente, para entender la problemática, proponer acciones para su atención, sanción y prevención.
Pero también, para desarmar mitos y fantasmas en relación a las víctimas. Hemos caído en la muy penosa realidad de ver cómo las propias víctimas buscan a sus familiares desaparecidos, cuando esto es una tarea, un deber, una obligación del Estado. Hemos visto incluso imágenes en donde autoridades obsequian picos y palas a madres, para seguir escarbando y buscando a sus hijos e hijas. Debemos abrir los ojos, darnos cuenta, que si lo hacen es por la impunidad, por la falta de una debida investigación, de búsqueda, por la impotencia, por la misma desesperación de la inacción gubernamental.
Las víctimas requieren que se busque a sus seres queridos hasta encontrarlos, necesitan tener acceso a la verdad, necesitan saber qué fue lo que pasó, tener acceso a la justicia, a que se encuentre y castigue a los verdaderos responsables y a garantías de no repetición, para todo esto, la documentación es absolutamente estratégica. En México, los estados que registran mayor número de personas no localizadas acumulados a inicios de 2021, son Jalisco (11,503) Tamaulipas (11,344) y Estado de México (8, 777) según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, aunque otras entidades no aparezcan en el top de las entidades más afectadas, intuitivamente podemos darnos cuenta que la situación es grave, porque la vivimos, por ejemplo en Sonora, simplemente por la cantidad de noticias en donde nos enteramos con una frecuencia increíble de víctimas son “levantadas”, desaparecidas, ante la impotencia de sus familias.
En notas muy recientes, en distintos medios de comunicación estatal y nacional, podemos encontrar, por ejemplo, que una cámara de seguridad captó el momento en el que un joven fue levantado en Ciudad Obregón, que en Guaymas, madres que buscaban a hijos e hijas desaparecidas encontraron un pozo con restos humanos hirviendo, que una mujer es levantada y que no hay detenidos, etcétera. Es innegable que este fenómeno es grave, precisamente porque posee un carácter sistemático y generalizado.
La impunidad en la que ocurren todas las desapariciones afecta gravemente los derechos humanos, las vidas de las personas. Tengamos presente que todas las personas, por el carácter de universalidad de los derechos humanos, tienen derecho a la vida, a no ser desaparecidas. Documentar todos estos casos, es lo mínimo que el Estado debe hacer y debidamente, me refiero a que se realicen documentaciones veraces, fiables y transparentes.
