Por: Carmen Munguía
Hace apenas unos días, en la ciudad de Hermosillo algunas personas fueron testigos de cómo “levantaron” a una mujer que hacía ejercicio en pleno bulevar Colosio, una avenida emblemática de la capital sonorense y que muchas personas percibimos como “segura”.
La noticia se esparció inmediatamente en grupos de WhatsApp y otras redes sociales. Ante esto, lo más preocupante y lamentable es que no se trata de hechos que ocurran de forma aislada, por el contrario, ocurren de forma generalizada en el país, se trata del delito de desapariciones de personas y en algunos casos, de desapariciones forzadas.
Es francamente imperativo superar la mirada de estos “levantones”, de estas desapariciones de personas, como eventos aislados y, en cambio, favorecer más los análisis de contextos. Si uno simplemente busca en Google, “levantan a mujer en Hermosillo” inmediatamente aparecerán distintos resultados de mujeres “levantadas” y en diferentes fechas. Y esto es gravísimo, que una persona desaparezca debiera de ponernos en alerta máxima, toda vez que tanto las desapariciones, como la desaparición forzada, constituyen una violación pluriofensiva de derechos humanos debido a que causan daños irreparables; estamos hablando de que se priva de la libertad e inclusive de la vida a seres humanos, sus familias desconocen su paradero, su destino final de forma indefinida, por tanto, la angustia y el sufrimiento que les provoca se prolonga, se mantiene, no cesa.
Este terrible problema ha sido visibilizado precisamente por los mismos familiares de las víctimas. Tan sólo en Sonora, existen al menos siete colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y rastreo de fosas clandestinas, y es que por increíble que parezca, en este país, son las propias familias quienes buscan los restos de sus seres queridos. Precisamente hace algunas semanas hice contacto con algunas de las mujeres que lideran estos colectivos para indagar respecto a niñas, niños y adolescentes desaparecidos en 2020 en Sonora, la respuesta que escuché del otro lado del teléfono fue “estoy en búsqueda”.
Por supuesto que este tipo de respuestas son habituales, ya que se trata de personas que han dejado de lado sus vidas para dedicarse de lleno a la búsqueda de sus seres queridos, pero esto no es algo a lo que debiéramos habituarnos o normalizar, ya que es el propio Estado quien debiera de hacerse cargo, pero qué madre, padre, hermano, hermana… podría quedarse de brazos cruzados, esperando la actuación de las autoridades poseído por la angustia, la zozobra, el sufrimiento inhumano que una desaparición desde el primer momento, un dolor que no da tregua, que destroza a las familias de las víctimas. En este tema, el contexto parece desalentador, empero, la documentación de las desapariciones, la documentación de estas violaciones a derechos humanos, su registro minucioso, detallado y riguroso de una metodología, ya sea enfocado en las víctimas, en los perpetradores o en las incidencias, es una gran estrategia a favor de los procesos de verdad, justicia y garantías de no repetición, toda vez que al ocurrir estas desapariciones contemporáneas en el marco de gobiernos democráticos, se tiene la posibilidad de movilizar procesos de justicia, contribuir al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido, reparar a las víctimas y comunidades afectadas, así como también establecer cimientos para garantizar la no repetición de estos hechos. Por todo lo anterior, la documentación de las desapariciones es, además de una forma de comprender mejor el fenómeno per se de las desapariciones, también una manera de crear, de construir condiciones para buscar a las personas que nunca debieron desaparecer, y darle sentido al derecho de todas las personas de ser buscadas.
