Por Carmen Lucía Munguía
Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un catálogo muy amplio y diverso de derechos, que incluyen por ejemplo, el derecho a la justicia, libertad de expresión, no tortura, una vida libre de violencia, igualdad, pero también otros, como el derecho a una vivienda digna, a la educación, salud, cultura, agua, por nombrar algunos, porque la lista no es finita, los derechos humanos, insisto, son conquistas sociales y es natural que se luche por más derechos que involucren la dignidad humana.
Es importante recalcar también, que todos los derechos humanos tienen la misma importancia, el mismo valor o jerarquía, y que no se puede hablar de uno como más importante en relación con otro, porque están interrelacionados, si se afecta a uno, seguramente habrá una consecuencia para otro u otros, a manera de efecto dominó. Esa naturaleza ha quedado explícita en nuestra Constitución, en el artículo primero, en donde se refiere que los derechos humanos son justamente universales, indivisibles, interdependientes y progresivos. Por tanto, hablar del derecho humano al agua, es un asunto muy relevante que debiera generar interés en todas las personas, afectar este derecho implica naturalmente, por lo expuesto anteriormente, afectaciones a otros derechos como la vida, la salud, alimentación, medio ambiente saludable, nivel de vida adecuado, desarrollo, derechos de la niñez, etcétera. Por ello es muy pertinente situar el problema del agua como un asunto urgente y prioritario para la agenda pública, especialmente en estos tiempos en donde estamos frente a frente ante un empeoramiento de la crisis mundial del agua. Precisamente el 19 de enero de 2021, David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, presentó un informe especial sobre los derechos humanos y la crisis mundial de agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua. Informes de este tipo, sin lugar a dudas, deben ser lectura obligada para quienes dirigen la administración pública. En el caso del relator Boyd, encontramos en su informe la narrativa sobre devastadoras historias de todas las regiones del mundo, de personas obligadas a beber agua peligrosamente contaminada o salada, otras que no tenían más remedio que emigrar a causa de sequías, defensores de derechos ambientales que sufrían actos de violencia, intimidación o criminalización por sus esfuerzos decididos para la protección del agua. Por ello y más, en este informe se exhorta a que los Estados apliquen un enfoque basado en derechos, toda vez que existen obligaciones ante las cuales no pueden ser omisos, como lo son, el incorporar el asunto del agua en los programas de estudio de todos los niveles, procurar un enfoque integrador, equitativo y con perspectiva de género en la participación pública para la planificación y medidas en relación con el agua, respetar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes y Decampesinos, proporcionar protección efectiva a los defensores de derechos humanos ambientes, integrar la perspectiva de género en todas las medidas que se tomen respecto al agua, entre otras obligaciones. En definitiva, los Estados, es decir, los gobiernos, deben velar por las generaciones presentes y futuras para que dispongan de agua suficiente y salubre, e informes de esta índole aportan luz y un horizonte claro para orientar la política pública, ya que se incluyen, por ejemplo, medidas para prevenir o aliviar la escasez de agua. La situación actual que vivimos en México debería de atraer nuestra máxima atención, ya que no se trata sólo de la escasez actual que se padece en algunos lugares del país, como Sonora, por ejemplo. En 2017, otro relator especial sobre agua potable y saneamiento, Leo Heller, alentaba al Estado mexicano para que el acceso al agua y saneamiento incluyera a todas las capas de la sociedad, mostrándose preocupado por la situación de comunidades indígenas y marginadas. Noticias recientes nos van dejando constancia de las consecuencias de no hacer nada, poco o lo incorrecto: presas casi vacías, el glaciar Ayoloco en el volcán Iztaccíhuatl, que retrocedió y desapareció en 2018, ante el lamento de la comunidad científica mexicana y tantas más. Sería una necedad imperdonable permanecer quietos ante nuestra propia autodestrucción, urge tomar el timón del barco decididamente.