* Acusan a SEMOVI y al INVEA de brindar protección a unidades invasoras pertenecientes a Fernando Ruano; mañana reanudarán servicio en el Paradero del Metro Taxqueña las Rutas 13 y 87; temen actos de violencia
México, D. F..- Dirigentes de las rutas 13, 60 y 87 del transporte concesionado de pasajeros en la Ciudad de México, acusaron al gobierno local y, en específico, a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA), de brindar protección a unidades pirata pertenecientes a las rutas 111 y 1, que dirige Fernando Ruano, presidente de la primera y representante del ramal Taxqueña-Avenida del Imán de la segunda.
En conferencia de prensa, Alfonso Torres, presidente de la Ruta 87; Carlos Flores, presidente de la ruta 60; y Rosalío Juárez Rodríguez, presidente de ruta 13, explicaron que desde hace 10 años Fernando Ruano Bolaños ha promovido la invasión con unidades clandestinas en los ramales Picacho Ajusco-Jardines del Pedregal, Taxqueña-San Ángel, Bosques-Metro CU y Taxqueña-Avenida del Imán, y con violencia física y amenazas de muerte impiden a las Rutas legales el ascenso y descenso de pasajeros poniendo en riesgo la seguridad de los operadores y de los usuarios.
Rosalío Juárez subrayó que el paradero Taxqueña ha sido un sitio impenetrable para sus dirigidos porque desde hace diez años, quien se atreve a subir pasaje es golpeado. Sin embargo, anunció que a partir de mañana lunes la Ruta 87 buscará reestablecer el servicio en la base de Taxqueña, como sustenta un acuerdo firmado recientemente por la Setravi, bajo el compromiso de que no serán atacados por los integrantes de las Rutas 1 y 111.
Los denunciantes explicaron que hay recelo por parte de los operadores ante nuevos actos de violencia puesto que a lo largo de 10 años han suscrito todo tipo de acuerdo con las autoridades, sin que ello impidiera que la gente de Fernando Ruano abusara de la fuerza física para obstaculizar el servicio de las otras rutas.
Explicaron que cada día se agrava el problema, ya que además de la violencia y amenazas para invadir recorridos con vehículos sin placas, revista vehicular, ni verificación ambiental por parte de las rutas 1 y 111, en los últimos días han sido objeto, ellos sí, de verificaciones y suspensión de sus unidades por parte del Instituto de Verificación Administrativa.
A pesar de los “más de 40 oficios ante las autoridades correspondientes, 20 denuncias penales por lesiones, amenazas e intento de homicidio, además de 2 convenios de no agresión firmados ante las autoridades del transporte, Fernando Ruano Bolaños y sus golpeadores continúan elevando el número de unidades en los recorridos y amenazan con atacar a nuestras familias, poniendo en riesgo también la seguridad de los usuarios”.
El dirigente de la Ruta 87, Alfonso Torres, dijo que en los derroteros afectados de las tres rutas, los dirigidos por Ruano Bolaños de las rutas 1 y 111, deberían tener un parque vehicular de 63 unidades, sin embargo, circulan 136, es decir, el 215 por ciento de los vehículos autorizados.
Contrario a lo que ocurre con los vehículos de las rutas 1 y 111, que circulan impunemente sin autorización ni placas, Alfonso Torres dio a conocer que producto de este conflicto en los últimos días fueron realizadas minuciosas verificaciones por el INVEA y sacadas de circulación cinco unidades de la ruta 87, que podrían estar suspendidas del servicio hasta 15 días, lo que implica un gran castigo económico.
De hecho, afirmó que a lo largo del año que acaba de pasar fueron sancionadas por el INVEA un total de 80 unidades de sus dirigidos y ninguna de quienes los están violentando física y legalmente.
Por ejemplo, relató que el pasado jueves un vehículo de la Ruta 111 cargaba en tercer carril, “en los momentos en que nos sancionaban a nosotros; nuestro representante les dijo que estaban cometiendo una infracción y la verificadora del INVEA le aseguró que de hacerlo podría acarrear su despido inmediato”.
Finalmente estimaron que la injustificada protección de las autoridades a la gente de Ruano es evidencia de actos de corrupción por parte de servidores públicos, puesto que el INVEA está solapando la circulación de unidades a todas luces irregulares y favoreciendo el sobreparque en estas rutas.