Monterrey, NL.- La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Sofía Velasco Becerra hizo ayer un llamado al Estado para valorar la clausura del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico o bien transformar las instalaciones, protocolos, medidas y personal penitenciario a fin de que sean efectivos para el control y la garantía de la vida y la reinserción.
La propuesta forma parte de una serie de sugerencias planteadas por la CEDH Nuevo León en el Informe Especial sobre este centro penitenciario el cual se divide en seis ejes de acción de acuerdo a los derechos humanos que deben ser garantizados a las personas privadas de la libertad.
Velasco Becerra llamó también a ponderar la necesidad y efectividad de construir un nuevo centro penitenciario, así como la adaptación del actual como un sito en donde se concentren las instancias judiciales y sociales necesarias para el adecuado funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal.
El informe menciona las responsabilidades normativas del Estado vinculadas a la salvaguarda del derecho a la vida, el trato digno, la salud, la reinserción social y las actividades productivas y normativas, mismos que no son garantizados al interior del centro debido a las malas condiciones del sitio, el personal de custodia y técnico insuficiente, así como la falta de control en la separación de la población penitenciaria.
La titular de la CEDH Nuevo León reveló que en las visitas constantes del organismo al CEPRERESO Topo Chico se ha confirmado el hacinamiento, se han detectado deficiencias estructurales y funcionales en el sitio, en las reglas de operación del mismo, y las múltiples carencias de recursos físicos, económicos y de personal para la atención a necesidades de la población, especialmente las personas internas con algún tipo de enfermedad y a las mujeres.
Por lo que propuso la creación de un comité de expertos que promuevan y vigilen el mejoramiento de las prácticas al interior del centro de acuerdo a los parámetros internacionales, entre ellas la CEDH Nuevo León, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil y el Poder Judicial.
Respecto al derecho a la salud, Velasco Becerra sugirió que el cuidado de las internas e internos con enfermedades mentales sean vinculadas a la Secretaría de Salud y no a la administración penitenciaria, para que sean atendidas por especialistas que garanticen su tratamiento y la medicación adecuada.
Destacó la importancia de implementar medidas de higiene a los procesos alimenticios así como garantizar el acceso al alimento a todas las personas al interior, igualmente con los servicios de atención médica requeridos y las áreas destinadas al deporte y la recreación, las cuales calificó de vitales para el desarrollo y el ambiente armónico entre las y los internos.
La Ombudsman puntualizó que el objetivo constitucional de la reclusión es la reinserción, la cual no puede ser concretada si no se garantizan los derechos antes mencionados y no se vincula a los familiares en el proceso de cada interno e interna, aspecto que también debe ser promovido por el mismo centro penitenciario.
Detalló que este informe será remitido a la autoridad estatal a fin de que sea un instrumento de análisis para la formulación de estrategias de seguridad, así como a la CNDH como parte de las evidencias para el desarrollo de investigación relacionadas a los centros penitenciarios de Nuevo León.
