POR: Carmen Lucía Munguía Gallegos
La Ley de delitos contra la intimidad sexual, conocida como “Ley Olimpia” ha sido aprobada actualmente en estados como Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, entre otros más. Se trata, a grandes rasgos, de una ley que sanciona a quien divulgue material íntimo sin consentimiento, que castiga la violencia digital contra las mujeres.
Tiene el nombre de una mujer, sí, de una mujer de carne y hueso, que existe, porque en este país las personas que sufren violaciones a sus derechos y/o a los de sus seres queridos, ante la falta de justicia y de impunidad, frecuentenente terminan por convertirse en activistas sociales y por hacerle la chamba a los y las legisladoras en los Congresos Estatales.
Es decir, lo que no hace el poder legislativo ni su cuerpo de asesores y asesoras, lo termina por hacer la ciudadanía.
Por eso, si Olimpia Coral Melo Cruz no hubiera impulsado una ley para evitar que otras mujeres vivieran el infierno que ella vivió en carne propia, a sus dieciocho años de edad, cuando su novio difundió un video de ambos sosteniendo relaciones sexuales, y en donde se apreciaba su cuerpo desnudo; si ella no hubiera asimilado que el escarnio social que vivió en su ciudad natal Huauchingango, en Puebla, era precisamente una forma, otra más, de violencia hacia las mujeres, seguramente este delito, este tipo de violencia hacia las mujeres continuaría sin ser considerado un delito si quiera.
Es por ello, que resulta imperativo que el debate, se enfoque en la falta de perfiles, en ese vacío constante de personas preparadas en los Congresos de este país, de una clase política que nos apena, la verdad, porque no es la más brillante, porque no se ha esforzado como tantos en estudiar, pero que a final de cuentas, está ahí porque fue elegida por la misma ciudadanía. ¿De verdad, los partidos no pueden buscar mejores opciones? El gran problema es que resulta poco probable que personas sin perfil, con pocos estudios, puedan discutir en Congresos, cuestiones complejas que afectan la vida pública, como lo es la violencia contra las mujeres y específicamente, la violencia digital contra las mujeres.
Las personas anhelamos vivir una vida en donde se respeten nuestros derechos, nuestra dignidad como personas, empero, a los puestos de poder permitimos que lleguen hombres y mujeres ignorantes, que lejos de coadyuvar, dificultan el acceso a nuestros derechos.
Si nadie antes propuso la Ley Olimpia en Sonora es precisamente por falta de perspectiva de género, porque carecen de ella, porque no conocen el tema, porque les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Con el tema de la Ley Olimpia en Sonora, ha quedado en evidencia que el trabajo legislativo es vergonzoso, sobretodo en temas de derechos humanos, porque quienes están ahí no lo entienden.
Debe quedarles claro, la violencia hacia las mujeres no es un asunto íntimo, es un asunto público y el gobierno de México está comprometido a través de diferentes instrumentos jurídicos internacionales a impulsar programas y políticas públicas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres. Esto es un asunto serio.
Hay aspectos técnicos en la propuesta presentada que se deben analizar, se precisa llegar a consensos, a acuerdos, escuchar a los y las especilistas en género. Pero sin duda, estos episodios nos deben abrir los ojos; urge llevar a los Congresos a personas con preparación, capaces de ver más allá de sus intereses personales; que vean por el interés público y lo privilegien.
Una forma de proteger los derechos humanos, es creando marcos jurídicos e instituciones, por ello, la relevancia de que quienes legislan, tengan el perfil necesario.
