• En junio del 2022 Banorte recibió la notificación de un Juez para restituir 3 millones 950 mil pesos reclamados por el organismo por un robo electrónico.
• Asimismo, también a pagar intereses de 6 por ciento mensual desde el momento de las transacciones fraudulentas que ocurrieron en el año 2019.
Por realizar una quita estimada en 750 mil pesos a la institución bancaria donde le habían sido “hackeadas” sus cuentas, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez, fue denunciada penalmente.
En junio del 2022 Banorte recibió la notificación de un Juez para restituir 3 millones 950 mil pesos reclamados por el organismo por un robo electrónico.
Asimismo, también a pagar intereses de 6 por ciento mensual desde el momento de las transacciones fraudulentas que ocurrieron en el año 2019.
La quita irregular de intereses concedida por la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez implica un daño patrimonial, según el denunciante Esau Jonatan Torres, quien fue empleado por honorarios en el Gobierno del Estado.
De acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía General el pasado 6 de junio, el denunciante argumenta que la titular de la CEDH carecía de atribuciones para otorgar esa quita a Banorte.
Además, debía ser reintegrada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
El quejoso agrega en la querella que en ninguna normativa u ordenamiento jurídico relativas a la Comisión o a la presidenta, se encuentra que puede acordar una quita de intereses moratorios.
De acuerdo al denunciante, éste señala que debió haberse reintegrado a la Tesorería del Estado al tratarse del presupuesto destinado para el ejercicio 2019 y cual vino a ser reintegrado al organismo en el ejercicio 2022 por lo que la conducta ejercida por Méndez es sujeta a varias responsabilidades.
El quejoso, que asimismo presentó una denuncia contra Méndez por el otorgamiento de bonos de hasta 66 mil pesos a personal de la CEDH, considera que la quita de intereses podría tipificarse como ejercicio ilícito de servicio público.
El robo electrónico se hizo público en julio de 2019 en la gestión de Sofía Velasco como titular de la CEDH, sin embargo, fue hasta 2022 después de un juicio mercantil que el banco firmó un convenio para restituir los 3 millones 950 mil pesos reclamados.
En ese convenio se expresaba el desistimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre los intereses que había ordenado el juez.
