Jonny Wrate, Daniela Castro, Luc Caregari (Reporter.lu)
Maxime Vaudano (Le Monde)
Lorenzo Bagnoli (IRPI)
Colaboradores:
Ruslan Myatiev (turkmen.news), Raul Olmos y Mauricio Rubí (MCCI), Mika Velikovsky (iStories), Amra Džonli?, Karina Shedrovsky, Kelly Bloss.
Cuando Luxemburgo abrió su registro de beneficiarios reales, los nuevos datos revelaron un hecho sorprendente: cientos de niños poseen o tienen participaciones significativas en empresas con sede en el Gran Ducado europeo. Una investigación de OCCRP y sus socios –entre ellos MCCI- identificaron a 291 menores que poseen o tienen participaciones significativas en empresas de Luxemburgo que han controlado colectivamente miles de millones en activos. En muchos casos, los dueños de las empresas eran más jóvenes que sus propias compañías. Las siguientes son algunas de las historias encontradas.
Un niño mongol de tan sólo un año, dueño de parte de una importante empresa de carbón en el desierto de Gobi. Un azerbaiyano de once años que se beneficia de contratos gubernamentales con Turkmenistán y China. Una adolescente rusa que cuenta con inversiones en sistemas de pensiones canadienses y californianos, además de miles de millones de dólares en activos.
Estos son solo algunos de los casi 300 niños que, para 2020, poseían o tenían participaciones significativas en empresas de Luxemburgo, según ha revelado una investigación realizada en el marco del proyecto OpenLux.
Aunque en Luxemburgo no es ilegal que los menores sean dueños de empresas, muchos de los nombres identificados por OCCRP y sus socios hubieran tenido que prender alarmas. Entre ellos hay menores cuyos padres son oligarcas, delincuentes e individuos cercanos a figuras políticamente influyentes. Una cuarta parte de estos eran incluso más jóvenes que las empresas de las que eran propietarios.
En 2019, Luxemburgo publicó por primera vez un registro de «beneficiarios finales» – los verdaderos dueños de empresas, a diferencia de los apoderados o nominados–, con el que se pudo tener una mirada sin precedentes sobre quiénes se han favorecido con la confidencialidad financiera del país.
Lea más historias del proyecto OpenLux aquí.
En su momento, las autoridades le ofrecieron una exención de tres años a los dueños de empresas que podrían enfrentar un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión o acoso si se publicaban sus nombres. Esto significa que el recuento de menores probablemente sea una subestimación, ya que los niños pudieron solicitar fácilmente dicha exclusión. Otros 290 beneficiarios tenían apenas 18 o 19 años cuando se declararon en el registro, por lo que es probable que fueran propietarios de empresas cuando aún eran menores de edad.
¿Por qué tantos menores tienen empresas, algunas con millones de dólares en activos? En una empresa familiar, los padres pueden dar a sus hijos acciones como parte de un plan de herencia a largo plazo. Pero el hecho de que muchos ni siquiera hubieran nacido en el momento de la fundación de las empresas –y que algunos de los padres no aparecieran en los documentos de estas– apunta hacia otra posibilidad: añadir una capa de secretismo antes de que se venciera la fecha límite para declarar públicamente activos en Luxemburgo.
Roman Borisovich, activista en temas de transparencia, le dijo a OCCRP que si realmente se tratara de una planificación para organizar una herencia, deberían figurar apoderados en representación de los menores. No los niños directamente.
«Los niños de un año no toman decisiones ni dirigen estas empresas”, dijo. “Claramente se trata de cortinas de humo que ocultan a los verdaderos propietarios».
Aunque los reguladores financieros del país son escrupulosos, dijo, muchas empresas luxemburguesas solo existen para tener activos en el extranjero, lo que significa que no están sujetas a supervisión de estas entidades.
«Los activos pueden ser propiedad de niños de seis meses o de los delincuentes más buscados por el FBI. Pero nadie lo comprueba mientras se trate de un activo y no de dinero en efectivo. Todo lo demás pasa por debajo del radar».
Cuando se publicaron en febrero de 2021, Luxemburgo denunció las investigaciones de OpenLux, refutando las acusaciones de deficiencias en sus mecanismos antilavado de dinero. Pero en agosto, el Ministerio de Justicia dijo que presentaría un proyecto de ley para permitir que el registro sancione a quienes abusen de él para lavar dinero y evadir impuestos.
Las reformas son parte de numerosos esfuerzos del gobierno del país para limpiar y reforzar sus estructuras. Frente a los hallazgos de esta historia, el Ministerio de Justicia de Luxemburgo le contestó a Reporter.lu – uno de los socios de OCCRP – que tiene la intención de auditar a todos los beneficiarios menores de edad que salen en el registro y que publicarán los resultados a finales de año. También señaló que muchos otros países permiten que los menores sean dueños de empresas y que los menores se enfrentan al mismo escrutinio que los adultos.
Yves Gonner, director del registro, declaró a Reporter.lu: «Las regulaciones para un menor son las mismas que para un mayor, no tenemos controles adicionales».
«Ese es exactamente el problema: no se enfrentan a ningún tipo de escrutinio», dijo Maira Martini, experta en flujos financieros ilícitos de Transparencia Internacional, que ha estado pidiendo a Luxemburgo y a otros países que establezcan mecanismos de verificación y sistemas de alerta independientes para casos como estos. «Estos registros son solo útiles por la información que contienen. OpenLux debería haber servido como llamada de atención».
En Luxemburgo, algunas personas se oponen a mayores reformas de transparencia, argumentando que contradicen el derecho a la privacidad de la Unión Europea. Pero algunos analistas consideran que sus argumentos carecen de fundamento. Martini señala que solo se hace pública una pequeña parte de la información que se comunica al registro, y que nunca se incluyen datos personales, como los domicilios.
Algunos en Luxemburgo se oponen a nuevas reformas sobre transparencia, argumentando que podrían violar el derecho a la privacidad de la Unión Europea. Pero sólo se hace pública una pequeña parte de la información que se comunica al registro, y ésta nunca incluye datos personales como la dirección del domicilio, señaló Martini.
«La idea de que una empresa tenga derecho a la privacidad es absurda», dijo al OCCRP Oliver Bullough, autor de Moneyland: Por qué los ladrones y los tramposos controlan el mundo y cómo arrebatárselo. «Es un abuso fundamental de la función de una empresa, que es invertir y hacer crecer la economía. Si no quieres que la gente sepa cuánto dinero tienes, no tengas una empresa».
«Si un niño de un año puede presentarse ante un tribunal y explicar por qué su empresa tiene derecho a la privacidad, entonces tal vez lo aceptaré».