
Torreón, Coahuila. – El Centro de Justicia Municipal continúa con la aplicación del programa antidoping a servidores públicos del Ayuntamiento de Torreón, el cual actualmente se encuentra en su segunda etapa, informó la directora del área, Martha Rodríguez.
La funcionaria explicó que esta semana se están aplicando pruebas en el área de Vialidad, mientras que la semana pasada se realizaron alrededor de 200 pruebas a personal de distintas dependencias, todas con resultado negativo.
“Hasta el momento, en el caso de peritos, jueces cívicos y calificadores, todas las pruebas resultaron negativas. Seguimos aplicando de manera aleatoria en distintas áreas para mantener un control preventivo constante”, señaló Rodríguez.
Además de los funcionarios municipales, el programa incluye a los operadores del transporte público y de carga, quienes acuden a las instalaciones municipales para la aplicación de las pruebas correspondientes.
La directora detalló que en el caso del transporte de carga, se han detectado tres casos positivos durante la presente semana, principalmente en conductores que laboran para empresas privadas.
“Cuando se presenta un resultado positivo, se da aviso al Ministerio Público, quien determina las responsabilidades correspondientes, tanto por el consumo de sustancias como por posibles faltas administrativas o daños ocasionados”, explicó.
Rodríguez puntualizó que en caso de reincidencia, se aplican sanciones más severas.
“Con una segunda ocasión se emite una advertencia formal. Si se acumulan tres reincidencias, se procede a la cancelación de la licencia de conducir por un año, y no puede tramitarse una nueva durante ese periodo”, indicó.
Asimismo, recordó que el programa antidoping y de alcoholimetría es una medida permanente que se aplica como requisito para la obtención de tarjetones de chofer y permisos de transporte público, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal.
Rodríguez destacó que hasta el momento las pruebas se han desarrollado con normalidad y sin contratiempos, y que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la responsabilidad de quienes prestan servicios públicos.
“Más allá de una sanción, buscamos generar conciencia. Conducir bajo el influjo de sustancias es un riesgo no solo para el conductor, sino para todas las personas a su alrededor. Se trata de proteger vidas”, concluyó.